Como se sabe, desde hace más de un año en que se replanteó en el Congreso el tema de la ley de cine con una propuesta del congresista Peralta, se han sucedido varias otras propuestas, se ha producido una división entre la APCP (Asociación de Productores Cinematográficos del Perú) y la UCP (Unión de Cineastas Peruanos), esta última creada a consecuencia del apoyo brindado por la APCP y el CONACINE a un segundo proyecto presentado por los congresistas Raffo y Luciana León. No es el caso resumir ahora el curso de los acontecimientos y remito, para que se tenga mayor información, a los últimos pronunciamientos de las dos asociaciones que se han publicado en este blog, así como a las comunicaciones de Francisco Lombardi y Christian Wiener, también difundidas en Páginas del Diario de Satán.
El hecho es que en estos momentos hay dos proyectos de ley de cine: uno, el de Raffo, León y ahora Peralta, respaldado por la APCP, y el otro del congresista Werner Cabrera, respaldado por la UCP. Ya expresé hace algunos meses en este mismo blog mis reservas al proyecto que apoya la APCP y lo he hecho recientemente con el nuevo proyecto al que se ha sumado Peralta. Sin embargo, y aún considerando que, sobre el papel, el proyecto de Cabrera es más abarcador y menos ligado a los intereses de los sectores cinematográficos asociados a la exhibición y a la distribución (intereses muy poco confiables para la existencia de un cine peruano) tengo también reparos que hacerle.
Aclaro que no estoy en contra, ni mucho menos, de las aspiraciones a una nueva ley de cine que permita ampliar la cobertura de los premios y que se aboque a otras funciones de apoyo a la difusión de las películas así como a la extensión cultural del cine. Creo que esas aspiraciones son legítimas y me identifico plenamente con ellas. Lo que no veo muy factible es el mecanismo que, en los dos proyectos, se contempla como condición sine qua non para la existencia de la ley: la supresión del impuesto municipal y la entrega del 3.5% o del 5% (del 10% del precio de cada entrada que constituye el impuesto) al CONACINE.
No me parece muy factible porque ya se han manifestado reacciones de los sectores afectados (los municipios) y no creo que ninguna ley que afecte esos intereses vaya a ser aprobada por el Congreso ni ratificada por el Ejecutivo. No le veo, entonces, viabilidad a los proyectos de ley porque basta con que se retire la fuente de los posibles ingresos para que todo se desmorone.
Es verdad que existe una comprensible ansiedad entre los cineastas para aumentar el monto destinado a los proyectos de largometraje. ¿Por qué premiar cinco y no diez o doce? Sí, eso es perfectamente comprensible y yo mismo lo he sentido hace poco que me ha tocado ser miembro de un jurado. ¿Por qué no poder superar ese número tan limitado cuando hay otros proyectos premiables? No obstante, hay que considerar, y no se está considerando en el debate, que tenemos un mercado muy pequeño y mucho más reducido que el de hace 30 años donde una película peruana podía acercarse al millón de espectadores. Ahora tener 300,000 se considera un éxito.
Es decir, no existe el espacio para aumentar de manera considerable el volumen de la producción pensada en función de las salas de cine, a no ser que se mande las películas al abismo como ha ocurrido recientemente con Paraíso e Illary, que se han estrenado de la peor forma, sin ninguna promoción y ante el casi general desconocimiento del público potencial. Este es un asunto muy grave que no sólo afecta seriamente a esas películas, sino que compromete a todo el cine peruano y a cualquier proyecto de ley.
Me parece que lo razonable en las circunstancias actuales (más adelante habría que reconsiderarlo, desde luego) sería mantener la ley vigente, que no es que sea la ideal y ni siquiera creo que es buena, porque su alcance es muy limitado, pero está funcionando como apoyo a la producción y podría mejorarse. Por lo pronto, la ley establece que se puede premiar hasta seis largos al año. Más factible que los proyectos en el Congreso, sería aprobar un cambio que amplíe ese número hasta 8 o 10 y que incremente, eventualmente, el fondo para la producción, sin tener que recurrir a la eliminación de un impuesto que el poder municipal, sin duda creciente y más aún en este periodo pre-electoral, no creo que vaya a permitir.
De hecho, por la vía de IBERMEDIA, de otros subsidios europeos, co-producciones, etc., las películas peruanas están encontrando un márgen creciente de respaldo financiero. La ley de mecenazgo que, por lo visto, tiene visos de aprobación, podría constituir asimismo otra importante fuente de apoyo a la producción. De cualquier manera, no creo que convenga alentar un alto volumen de producción, como el que sugería Juan José Beteta, porque eso en vez de favorecer el crecimiento del cine peruano lo que puede hacer es provocar serios problemas para la exhibición, saturación de títulos, estímulo a los proyectos aparentemente más rentables (tipo Motor y motivo o La gran sangre) y finalmente una cierta asfixia derivada de la misma estrechez de nuestro mercado.
Es una ilusión pensar en una industria cinematográfica propiamente dicha en las condiciones actuales y ni siquiera proyectada a mediano plazo. No es iluso, en cambio, proponerse una producción, en primera instancia, para las salas comerciales que pueda tener una cierta continuidad, que cree y aumente plazas de trabajo y niveles de profesionalización y que alcance rangos de calidad estimables, no sólo en Lima, sino en el resto del país. Aparte, por cierto, de lo que se pueda hacer en los márgenes, es decir, fuera de los apoyos del CONACINE.
No todo tiene por qué pasar por los canales de los concursos, aunque es verdad que ganar un premio en ellos puede facilitar la apertura de coproducciones y beneficios o partidas europeas. Pero si se piensa en la instancia estatal como el único instrumento que pueda fomentar el sueño de una industria, hay que considerar que las leyes pueden ser eliminadas, directa o indirectamente, como sucedió en el Perú con la 19327 en 1992 o con los beneficios que recibía la producción brasileña antes de que el gobierno de Collor de Melo los eliminara y se tirara de un plumazo un volumen de películas que rozaba la centena. Sin leyes que favorezcan la producción, no hay posibilidad de tener una continuidad ni siquiera en ese inmenso país que es Brasil.
Por eso, considero que es mejor reforzar lo que ya se tiene ganado, por más incierta o insegura que esa ganancia pueda ser a futuro, pues la posibilidad de existencia de una producción continua no es sólo un asunto de leyes de apoyo o de ayudas extranjeras. Pero, por ahora, no hay otras vías confiables.
Otra cosa es la educación cinematográfica, la difusión cultural, la existencia de una Cinemateca Nacional y la conservación del cine peruano. Todo eso me parece de alta necesidad, pero no creo que deba estar ligado a un órgano como el CONACINE que existe para apoyar la producción, la distribución o la presentación de películas en festivales o muestras. Son rubros distintos. Lo que corresponde a la educación y cultura requiere una ley puntual y pertenece a otro espacio (el INC o el Ministerio de Cultura) y no el de un órgano sobre el que se cierne la presión, la ansiedad y la impaciencia de los cineastas para conseguir dinero en función de sus proyectos y a los que, aún cuando les pueda interesar, inevitablemente van a postergar los requerimientos culturales, incluso si en ellos se juega la conservación y la posibilidad de existencia futura de las películas que están intentando sacar adelante.
Isaac León Frías
El hecho es que en estos momentos hay dos proyectos de ley de cine: uno, el de Raffo, León y ahora Peralta, respaldado por la APCP, y el otro del congresista Werner Cabrera, respaldado por la UCP. Ya expresé hace algunos meses en este mismo blog mis reservas al proyecto que apoya la APCP y lo he hecho recientemente con el nuevo proyecto al que se ha sumado Peralta. Sin embargo, y aún considerando que, sobre el papel, el proyecto de Cabrera es más abarcador y menos ligado a los intereses de los sectores cinematográficos asociados a la exhibición y a la distribución (intereses muy poco confiables para la existencia de un cine peruano) tengo también reparos que hacerle.
Aclaro que no estoy en contra, ni mucho menos, de las aspiraciones a una nueva ley de cine que permita ampliar la cobertura de los premios y que se aboque a otras funciones de apoyo a la difusión de las películas así como a la extensión cultural del cine. Creo que esas aspiraciones son legítimas y me identifico plenamente con ellas. Lo que no veo muy factible es el mecanismo que, en los dos proyectos, se contempla como condición sine qua non para la existencia de la ley: la supresión del impuesto municipal y la entrega del 3.5% o del 5% (del 10% del precio de cada entrada que constituye el impuesto) al CONACINE.
No me parece muy factible porque ya se han manifestado reacciones de los sectores afectados (los municipios) y no creo que ninguna ley que afecte esos intereses vaya a ser aprobada por el Congreso ni ratificada por el Ejecutivo. No le veo, entonces, viabilidad a los proyectos de ley porque basta con que se retire la fuente de los posibles ingresos para que todo se desmorone.
Es verdad que existe una comprensible ansiedad entre los cineastas para aumentar el monto destinado a los proyectos de largometraje. ¿Por qué premiar cinco y no diez o doce? Sí, eso es perfectamente comprensible y yo mismo lo he sentido hace poco que me ha tocado ser miembro de un jurado. ¿Por qué no poder superar ese número tan limitado cuando hay otros proyectos premiables? No obstante, hay que considerar, y no se está considerando en el debate, que tenemos un mercado muy pequeño y mucho más reducido que el de hace 30 años donde una película peruana podía acercarse al millón de espectadores. Ahora tener 300,000 se considera un éxito.
Es decir, no existe el espacio para aumentar de manera considerable el volumen de la producción pensada en función de las salas de cine, a no ser que se mande las películas al abismo como ha ocurrido recientemente con Paraíso e Illary, que se han estrenado de la peor forma, sin ninguna promoción y ante el casi general desconocimiento del público potencial. Este es un asunto muy grave que no sólo afecta seriamente a esas películas, sino que compromete a todo el cine peruano y a cualquier proyecto de ley.
Me parece que lo razonable en las circunstancias actuales (más adelante habría que reconsiderarlo, desde luego) sería mantener la ley vigente, que no es que sea la ideal y ni siquiera creo que es buena, porque su alcance es muy limitado, pero está funcionando como apoyo a la producción y podría mejorarse. Por lo pronto, la ley establece que se puede premiar hasta seis largos al año. Más factible que los proyectos en el Congreso, sería aprobar un cambio que amplíe ese número hasta 8 o 10 y que incremente, eventualmente, el fondo para la producción, sin tener que recurrir a la eliminación de un impuesto que el poder municipal, sin duda creciente y más aún en este periodo pre-electoral, no creo que vaya a permitir.
De hecho, por la vía de IBERMEDIA, de otros subsidios europeos, co-producciones, etc., las películas peruanas están encontrando un márgen creciente de respaldo financiero. La ley de mecenazgo que, por lo visto, tiene visos de aprobación, podría constituir asimismo otra importante fuente de apoyo a la producción. De cualquier manera, no creo que convenga alentar un alto volumen de producción, como el que sugería Juan José Beteta, porque eso en vez de favorecer el crecimiento del cine peruano lo que puede hacer es provocar serios problemas para la exhibición, saturación de títulos, estímulo a los proyectos aparentemente más rentables (tipo Motor y motivo o La gran sangre) y finalmente una cierta asfixia derivada de la misma estrechez de nuestro mercado.
Es una ilusión pensar en una industria cinematográfica propiamente dicha en las condiciones actuales y ni siquiera proyectada a mediano plazo. No es iluso, en cambio, proponerse una producción, en primera instancia, para las salas comerciales que pueda tener una cierta continuidad, que cree y aumente plazas de trabajo y niveles de profesionalización y que alcance rangos de calidad estimables, no sólo en Lima, sino en el resto del país. Aparte, por cierto, de lo que se pueda hacer en los márgenes, es decir, fuera de los apoyos del CONACINE.
No todo tiene por qué pasar por los canales de los concursos, aunque es verdad que ganar un premio en ellos puede facilitar la apertura de coproducciones y beneficios o partidas europeas. Pero si se piensa en la instancia estatal como el único instrumento que pueda fomentar el sueño de una industria, hay que considerar que las leyes pueden ser eliminadas, directa o indirectamente, como sucedió en el Perú con la 19327 en 1992 o con los beneficios que recibía la producción brasileña antes de que el gobierno de Collor de Melo los eliminara y se tirara de un plumazo un volumen de películas que rozaba la centena. Sin leyes que favorezcan la producción, no hay posibilidad de tener una continuidad ni siquiera en ese inmenso país que es Brasil.
Por eso, considero que es mejor reforzar lo que ya se tiene ganado, por más incierta o insegura que esa ganancia pueda ser a futuro, pues la posibilidad de existencia de una producción continua no es sólo un asunto de leyes de apoyo o de ayudas extranjeras. Pero, por ahora, no hay otras vías confiables.
Otra cosa es la educación cinematográfica, la difusión cultural, la existencia de una Cinemateca Nacional y la conservación del cine peruano. Todo eso me parece de alta necesidad, pero no creo que deba estar ligado a un órgano como el CONACINE que existe para apoyar la producción, la distribución o la presentación de películas en festivales o muestras. Son rubros distintos. Lo que corresponde a la educación y cultura requiere una ley puntual y pertenece a otro espacio (el INC o el Ministerio de Cultura) y no el de un órgano sobre el que se cierne la presión, la ansiedad y la impaciencia de los cineastas para conseguir dinero en función de sus proyectos y a los que, aún cuando les pueda interesar, inevitablemente van a postergar los requerimientos culturales, incluso si en ellos se juega la conservación y la posibilidad de existencia futura de las películas que están intentando sacar adelante.
Isaac León Frías