Christian Wiener interviene en la polémica sobre la ley Procine y le responde a Francisco Lombardi. Este es el texto:
La ley por la que luchamos
He leído con detenimiento la última exposición de Francisco Lombardi defendiendo la Ley Procine en el blog “Páginas del diario de Satán”. Y pese a su extensión, no encuentro argumentos ni razones nuevas que expliquen porque él y los que integran la APCP siguen, a mi parecer, defendiendo lo indefendible, que es el proyecto de Ley de Masificación promovido por los congresistas Carlos Raffo y Luciana León.
Sin embargo, valga la oportunidad para hacer algunas aclaraciones a varios puntos de su artículo, así como precisar los aspectos de fondo que diferencian la propuesta legal que ellos siguen sosteniendo, de la que proponemos y defendemos nosotros en la UCP.
En primer lugar, dejar bien en claro que la lucha por la ley de cine no es patrimonio de Lombardi ni de quienes lideran la APCP. Somos muchos en el gremio, a veces de manera visible y otros no tanto, los que bregamos incansablemente desde tiempo atrás por una legislación cinematográfica en el país, y que no hemos cejado en esa lucha, ni abdicamos por una solución fácil y dizque realista. Por supuesto que el proceso de aprobación de una ley de cine en el Congreso es arduo, difícil y complejo, y que muchas veces los resultados finales no son todo lo que uno espera, pero eso no justifica tomar lo primero que tengamos a mano, no importa a qué precio ni en qué condiciones. No quiero darme la parte, pero en circunstancias más adversas, como fue el fujimorato, fuimos con un gremio empequeñecido y esfuerzo casi solitario capaces de sacar adelante una nueva ley. Y la base de ello fue el consenso entre los cineastas, antes que con los exhibidores y distribuidores. Lamentablemente, ahora las circunstancias fueron diferentes, y ahí están los resultados.
En segundo lugar, la idea de que lo esencial, medular y casi único que importa de la ley es que haya más fondos para que CONACINE promueva la producción, no es compartida por todo el gremio. Nadie niega la necesidad de dar más apoyo a la producción de largos, medios y cortometrajes, pero de qué sirve que se produzcan mayor número de películas si, como lo estamos constatando en este momento, apenas logran captar la atención del público, y en su carrera comercial son continuamente maltratados por los “socios” exhibidores. Por eso, siempre hemos entendido el cine de una manera integral, y hemos luchado siempre por una ley de cine que lo aborde en toda su complejidad de industria cultural, de manera similar a lo que se plantea en otros países de América Latina, y frente a los cuales, me pregunto, no sé qué tipo de elemento en nuestro ADN nos impide tener una norma como la colombiana, chilena o uruguaya (para no hablar de Argentina, Brasil o México, que tienen una antigua base industrial).
A propósito, he leído a algún gracioso comentando en el blog que se estarían enfrentado una ley supuestamente “neoliberal” frente a otra “chavista”. Pero nada más lejos de esa caricatura, ya que la ley Raffo no es de raigambre verdaderamente liberal como hubieran postulado Adam Smith o Von Hayek, sino puro mercantilismo económico, con el Estado al servicio de grandes intereses empresariales, favorecidos con reducción de tributos y promoviendo su expansión comercial. Y, por el otro lado, el proyecto de Cabrera está bastante lejos de cualquier radicalismo, ya que ni siquiera incluye la cuota de pantalla como en Argentina o España. En realidad, la diferencia de fondo entre ambos proyectos es cuál debe ser el rol del Estado y las políticas que impulsa, es decir al servicio de quienes se legisla: las Majors y las cadenas de exhibidores o los cineastas y la cultura nacional.
En tercer lugar, creo que es muy cómodo tratar de desentenderse del conjunto de la propuesta legislativa que uno auspicia porque supuestamente seria un texto casi “combi”, al que se han ido agregando puntos “insustanciales” e “innecesarios” por la suma de gremios que han participado en él. Seguramente ellos hubieran querido que se limitara al tema “medular” del aumento de los fondos, pero la incoherencia casi esperpéntica y frankesteniana de la ley Raffo es el resultado de una ley hecha a la medida de las distribuidoras trasnacionales, que para esconder sus propósitos mercantilistas se inventa obligaciones tan ridículas como aquella de traer más copias para estrenos de sus “blockbusters” o los talleres de guiones y festivales promovidos por las Majors. No me imagino la cara de los colegas cineastas de la región cuando en próximos festivales y eventos de cine descubran la ley que apoyaron algunos de sus más conocidos colegas peruanos.
En cuarto lugar, creo que la propuesta de Chacho de convocar a las municipalidades, en vez de enfrentarlas tratando de quitarles el impuesto, no deja de tener asidero, más aún ahora que tenemos una nueva administración en Lima metropolitana, notoriamente más sensible al tema cultural. ¿Y si en vez de repartirnos el impuesto con los poco confiables exhibidores y distribuidores, lo hacemos con quienes todavía lo administran, buscando comprometerlos en una política de apoyo integral desde las alcaldías? Es una posibilidad a explorar si no logran imponernos en estos días al carpetazo la ley del “peor es nada”, porque a fin de cuentas, más que defender un nombre o propuesta, lo que debería importarnos es promover al cine peruano en su conjunto, y de la manera más amplia, viable y realmente concertadora con TODOS los sectores.
En quinto y último lugar, no sé de dónde saca Lombardi que el experto tributarista que llevó la UCP “no pudo convencer de la viabilidad real y concreta” del mecanismo parafiscal. Seguramente a la señorita Luciana León no la convenció porque tiene intereses creados en el tema, pero otros congresistas han tomado nota más positiva de sus observaciones al Convenio y la fragilidad e inconstitucionalidad del mismo; y, de otro lado, refutar aquella leyenda urbana de que el Congreso supuestamente no puede crear tributos pero si podría reducirlos o derogarlos, cuando hay muchos antecedentes legislativos que lo desmienten. Finalmente, si como dicen, la Ley Procine es tan viable y tiene tanto apoyo en el Congreso ¿por qué tuvo que ser aprobada casi escondidas y violando el reglamento del Congreso en la Comisión de Economía? ¿Por qué se ha evitado su debate en la Comisión de Educación y Cultura, dejándola sin quórum en las dos últimas sesiones? Si no hay nada que ocultar y tiene mayoría ¿por qué no actuar por lo menos con transparencia y debatiendo los temas en vez de festinar tramites y procedimientos?
En todo caso, y aunque no lo quieran, los colegas de la APCP tendrán que asumir para el futuro los costos de sus alianzas y promotores políticos, ya que cada quien escoge con quienes y para que se juntan. No sé cual finalmente sea el destino de todo este debate y que ley se apruebe, si se aprueba alguna, en el Congreso. Ojalá no sea algo que después tengamos que lamentarnos, ya que la desesperación y la angurria no son buenas consejeras.
Saludos,
Christian Wiener
Sin embargo, valga la oportunidad para hacer algunas aclaraciones a varios puntos de su artículo, así como precisar los aspectos de fondo que diferencian la propuesta legal que ellos siguen sosteniendo, de la que proponemos y defendemos nosotros en la UCP.
En primer lugar, dejar bien en claro que la lucha por la ley de cine no es patrimonio de Lombardi ni de quienes lideran la APCP. Somos muchos en el gremio, a veces de manera visible y otros no tanto, los que bregamos incansablemente desde tiempo atrás por una legislación cinematográfica en el país, y que no hemos cejado en esa lucha, ni abdicamos por una solución fácil y dizque realista. Por supuesto que el proceso de aprobación de una ley de cine en el Congreso es arduo, difícil y complejo, y que muchas veces los resultados finales no son todo lo que uno espera, pero eso no justifica tomar lo primero que tengamos a mano, no importa a qué precio ni en qué condiciones. No quiero darme la parte, pero en circunstancias más adversas, como fue el fujimorato, fuimos con un gremio empequeñecido y esfuerzo casi solitario capaces de sacar adelante una nueva ley. Y la base de ello fue el consenso entre los cineastas, antes que con los exhibidores y distribuidores. Lamentablemente, ahora las circunstancias fueron diferentes, y ahí están los resultados.
En segundo lugar, la idea de que lo esencial, medular y casi único que importa de la ley es que haya más fondos para que CONACINE promueva la producción, no es compartida por todo el gremio. Nadie niega la necesidad de dar más apoyo a la producción de largos, medios y cortometrajes, pero de qué sirve que se produzcan mayor número de películas si, como lo estamos constatando en este momento, apenas logran captar la atención del público, y en su carrera comercial son continuamente maltratados por los “socios” exhibidores. Por eso, siempre hemos entendido el cine de una manera integral, y hemos luchado siempre por una ley de cine que lo aborde en toda su complejidad de industria cultural, de manera similar a lo que se plantea en otros países de América Latina, y frente a los cuales, me pregunto, no sé qué tipo de elemento en nuestro ADN nos impide tener una norma como la colombiana, chilena o uruguaya (para no hablar de Argentina, Brasil o México, que tienen una antigua base industrial).
A propósito, he leído a algún gracioso comentando en el blog que se estarían enfrentado una ley supuestamente “neoliberal” frente a otra “chavista”. Pero nada más lejos de esa caricatura, ya que la ley Raffo no es de raigambre verdaderamente liberal como hubieran postulado Adam Smith o Von Hayek, sino puro mercantilismo económico, con el Estado al servicio de grandes intereses empresariales, favorecidos con reducción de tributos y promoviendo su expansión comercial. Y, por el otro lado, el proyecto de Cabrera está bastante lejos de cualquier radicalismo, ya que ni siquiera incluye la cuota de pantalla como en Argentina o España. En realidad, la diferencia de fondo entre ambos proyectos es cuál debe ser el rol del Estado y las políticas que impulsa, es decir al servicio de quienes se legisla: las Majors y las cadenas de exhibidores o los cineastas y la cultura nacional.
En tercer lugar, creo que es muy cómodo tratar de desentenderse del conjunto de la propuesta legislativa que uno auspicia porque supuestamente seria un texto casi “combi”, al que se han ido agregando puntos “insustanciales” e “innecesarios” por la suma de gremios que han participado en él. Seguramente ellos hubieran querido que se limitara al tema “medular” del aumento de los fondos, pero la incoherencia casi esperpéntica y frankesteniana de la ley Raffo es el resultado de una ley hecha a la medida de las distribuidoras trasnacionales, que para esconder sus propósitos mercantilistas se inventa obligaciones tan ridículas como aquella de traer más copias para estrenos de sus “blockbusters” o los talleres de guiones y festivales promovidos por las Majors. No me imagino la cara de los colegas cineastas de la región cuando en próximos festivales y eventos de cine descubran la ley que apoyaron algunos de sus más conocidos colegas peruanos.
En cuarto lugar, creo que la propuesta de Chacho de convocar a las municipalidades, en vez de enfrentarlas tratando de quitarles el impuesto, no deja de tener asidero, más aún ahora que tenemos una nueva administración en Lima metropolitana, notoriamente más sensible al tema cultural. ¿Y si en vez de repartirnos el impuesto con los poco confiables exhibidores y distribuidores, lo hacemos con quienes todavía lo administran, buscando comprometerlos en una política de apoyo integral desde las alcaldías? Es una posibilidad a explorar si no logran imponernos en estos días al carpetazo la ley del “peor es nada”, porque a fin de cuentas, más que defender un nombre o propuesta, lo que debería importarnos es promover al cine peruano en su conjunto, y de la manera más amplia, viable y realmente concertadora con TODOS los sectores.
En quinto y último lugar, no sé de dónde saca Lombardi que el experto tributarista que llevó la UCP “no pudo convencer de la viabilidad real y concreta” del mecanismo parafiscal. Seguramente a la señorita Luciana León no la convenció porque tiene intereses creados en el tema, pero otros congresistas han tomado nota más positiva de sus observaciones al Convenio y la fragilidad e inconstitucionalidad del mismo; y, de otro lado, refutar aquella leyenda urbana de que el Congreso supuestamente no puede crear tributos pero si podría reducirlos o derogarlos, cuando hay muchos antecedentes legislativos que lo desmienten. Finalmente, si como dicen, la Ley Procine es tan viable y tiene tanto apoyo en el Congreso ¿por qué tuvo que ser aprobada casi escondidas y violando el reglamento del Congreso en la Comisión de Economía? ¿Por qué se ha evitado su debate en la Comisión de Educación y Cultura, dejándola sin quórum en las dos últimas sesiones? Si no hay nada que ocultar y tiene mayoría ¿por qué no actuar por lo menos con transparencia y debatiendo los temas en vez de festinar tramites y procedimientos?
En todo caso, y aunque no lo quieran, los colegas de la APCP tendrán que asumir para el futuro los costos de sus alianzas y promotores políticos, ya que cada quien escoge con quienes y para que se juntan. No sé cual finalmente sea el destino de todo este debate y que ley se apruebe, si se aprueba alguna, en el Congreso. Ojalá no sea algo que después tengamos que lamentarnos, ya que la desesperación y la angurria no son buenas consejeras.
Saludos,
Christian Wiener
6 comentarios:
Obviamente es la desesperación la que afiebra a los colegas de la APCP.
Los dinosaurios están asustados pues ha aparecido una nueva camada de gente preparada que hará muy difícil que puedan proseguir haciendo películas. Se necesitan más fondos. Lombardi hace mucho que no encuentra coproductores de peso y ha tenido que afrontar proyectos con escaso capital y malas condiciones de trabajo. Ahí están los resultados empañando una carrera que fue durante buen tiempo nuestro único referente en el tema.
Los jóvenes talento ya tienen familia y responsabilidades. Una cosa es dedicarse al cine en la soltería o mientras se vive bajo la sombra paterna y otra bajo la presión de la subsistencia como jefes de familia. El cine aparece como un oficio poco rentable y las posibilidades de migrar y optar por otra veta laboral se diluyen con el paso de los meses y los días.
¿Será esta la razón de tanta tensión?
Por un lado los dinosaurios van desapareciendo; por el otro, nuevos brotes de talento parecen iluminar el futuro.
En un país dónde la formación de nuevos cineastas está supeditada al azar, perder lo poco que se ha conseguido sería una torpeza. De no aprobarse alguna ley pronto, quizá echemos a perder carreras notables.
¿Es posible aprobar una ley de corto plazo para respaldar los nuevos talentos?
¿Es posible tener esperanza que con el nuevo gobierno se podrá conseguir una ley más integral?
RBC
Esto textos inmensos, simplemente, aburren. Por eso tan poca gente participa en estos debates. Sean mejores comunicadores y no sigan en los 70, Sr. Bedoya y compañía.
Raúl Malpartida
La unica ley que parece razonable es una que anule la entrada a este territorio de los filmes estadounidenses, pues son armas de guerra del Departamento de Defensa y del complejo-militar-industrial estadounidense.
Producir filmes es sencillo y gran cantidad de puestos de trabajo se pierden entre nosotros por introducir esas armas de guerra estadounidenses.
Sustituir esos "productos" extranjeros por nacionales debe ser el objetivo de cualquier ley en el campo de la propaganda ("el campo del cine").
JORGE VILLACORTA SANTAMATO
Estimado Ricardo te envió una opinión sobre el tema que se debate actualmente.
Hoy en la respuesta Christian a Pancho, una vez mas se dice mas de una media verdad. Las reuniones de la comisión de Educación en el Congreso no se han suspendido por falta de lo representantes que defienden la ley Procine, en la primera sesión el congresista Werner Cabrera no asistió y no tuvo el interés de defender aquello que suscribe, Christian estuvo presente y no puede mentir. La congresista León sustento el proyecto que ella defiende y no manipulo nada ni festino nada. En la segunda sesión tampoco estuvo dicho congresista y la mayoría nacionalista brillo por su ausencia.
Digamos la verdad y dejemos de llevar este debate a las sombres y manipulaciones. El señor tributarita que aquel día fue a defender el tema Parafiscal no pudo responder a la pregunta si este tributo colisiona con la incapacidad que tiene el legislativo sobre crear dicha obligación, no supo responder sobre las limitaciones de el articula 79 de la constitución política del Perú.
Lo que digo esta registrado en la comisión y no es cuestión de lo que dice uno o el otro, es simplemente, LA REALIDAD.
Finalmente, nadie es menos que nadie, los cineastas regionales, los cineastas de Lima, los obreros cinematográficos como se llama Pancho Adrianzen, todos tenemos derecho a opinar y apoyar la ley que nos parece mas adecuada, a lo que no tenemos derecho es al insulto, a la descalificación y peor aun a la manipulación de información e imagen de las personas.
Serenidad que luego será muy difícil unir la orillas.
Saludos
Gustavo Sánchez
Pero, qué fue lo que dijo el tributarista en esa comisión sobre el convenio que promueve la ley Raffo? Esto: "No se trata de un tributo sino de un aporte voluntario. Al no ser un tributo, no es un aporte obligatorio, no es fiscalizable ni puede ser exigido coactivamente en el caso que algún exhibidor o distribuidor se niegue a su pago, o decida abonar un monto menor o hacerlo con la frecuencia que estime conveniente. Por lo tanto, no se puede garantizar por un Convenio como el señalado, la permanencia en el tiempo de ese aporte".
Si se habla de no mentir, entonces por qué nunca dijeron verdaderamente cuánto recibirían las regiones de los fondos. En este enlace (http://www.lucianaleonenaccion.com/noticias_detalles.php?id=276), la APCP asegura que es el 30%, lo que es una inexactitud claro, porque el verdadero porcentaje es del 3%. La realidad? Claro, a los fujimoristas les encanta la realidad, no señor Sanchez?. Raffo festejó la aprobación de ley diciendo que el mundo real se impuso al virtual. Sí, la realidad es apabullante: a los pocos minutos, nos enteramos por un cable de Wikileaks, que un exembajador gringo calificó la compra de aviones de guerra durante el gobierno de El Chino como "una orgía de corrupción"... La realidad no?
¿De qué manipulación de la información habla Gustavo Sánchez? Es claro que cada quien ve lo que quiere ver. El Dr. Bravo Cucci en la Comisión de Educación nunca negó que la contribución parafiscal es un tributo, es más lo dice en su dictamen. Pero fue sólo la señorita Luciana León, en una intervención por demás insolente, ya que intento despedir al invitado usurpando las atribuciones de la Presidenta de la Comisión, la que dedujo de eso que era imposible porque supuestamente los congresistas no pueden crear tributos, lo que le desmintió el abogado y otros congresistas porque ya anteriormente el Congreso ha aprobado tributos y contribuciones.
La verdadera mentira es decir que ya se solucionó lo de la "obligación" del Convenio, para en el debate del pleno admitir ante todo el mundo que si, es voluntario y temporal, pero será "refrendado" (no fiscalisado) por el Ministerio de Cultura. Viva la REALIDAD. Y que decir sobre la promesa de dar el 30% para las regiones, ¿o es que se les fue un cero de más a la derecha?
En fin, ya lograron los señores de la APCP en el Congreso la ley a la medida de sus ambiciones y necesidades. Que la aprovechen, como sus socios estrategicos que sacan sus películas de cartelera a la mala, pero no nos pidan que celebremos esa ley de la vergüenza.
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