En los meses de enero y junio de este año he manifestado en este mismo blog mis opiniones y mis objeciones con relación a los proyectos de ley de cine en ese entonces todavía en carpeta. Ahora que el llamado proyecto de masificación del cine presentado por los congresistas Carlos Raffo y Luciana León ha sido elevado a la Comisión de Economía, no puedo sustraerme de reiterar mi desacuerdo con una propuesta de legislación cinematográfica atada a los intereses y conveniencias de distribuidores y exhibidores que han hecho de la cartelera limeña de estos tiempos una de las peores de las últimas décadas y a los que, ciertamente, no les interesa un comino la suerte del cine que se haga en el Perú, salvando por allí alguna excepción individual. Pero no son individualidades sino políticas continentales y globales de los centros de poder económico los que orientan la programación.
Me parece un error muy serio de quienes se han dejado llevar por el deseo de que haya un aumento significativo de la producción para el espacio de las salas públicas el que pueda concretarse una ley que poco o nada va a beneficiar al cine en el Perú. Porque no se trata sólo de que se hagan cinco o diez películas más - y que se lancen de cualquier manera-, lo que podría llevar incluso a un colapso de la producción en un tiempo más breve del que se podría temer, sino evaluar en qué condiciones es que ese crecimiento se produce. El aumento de multicines en Lima y el país no garantiza nada de nada. O en todo caso lo que garantiza es que tengamos más de lo mismo que tenemos ahora. El espacio que el cine peruano tenga en ese menú será aún más ínfimo de lo que es ahora.
He venido siguiendo, la verdad con cierta consternación, que buena parte del debate sobre los dos proyectos de ley se haya centrado en un asunto de pequeñas diferencias de porcentajes del impuesto municipal para la producción local. Prueba de una avidez que puede ser comprensible, pero que no ha medido los riesgos y los inconvenientes que el soporte de esa propuesta supone: que las municipalidades dejen de percibir el impuesto que reciben por el espectáculo cinematográfico. Las municipalidades se van a oponer y no veo factible que esa disposición prospere. Mucho más realista me parece la sugerencia del documentalista Carlo Berscia de que se realice un trato directo con las municipalidades. Que se aproveche la presencia de Susana Villarán y que se trate con ella y con las autoridades municipales un plan concertado, de modo que puedan sentirse gestoras y partícipes de un proyecto de apoyo al cine peruano. Pero que se deje de lado cualquier tipo de negociación con distribuidores y exhibidores, más allá del que ya existe en la conducción del CONACINE y que es suficiente.
No creo que ninguna ley de apoyo al cine nacional en el mundo (conozco muy pocas, en verdad) vincule de la manera en que lo hace la ley Raffo-León la producción nacional al tinglado de una estructura empresarial transnacional que sólo vela por sus objetivos comerciales. Esperemos estar aún a tiempo de evitar que la ansiedad de un colectivo de cineastas termine alimentando un canto de sirenas en el que, como siempre, las utilidades se las llevarán los que siempre se las llevan.
Isaac León Frías
Me parece un error muy serio de quienes se han dejado llevar por el deseo de que haya un aumento significativo de la producción para el espacio de las salas públicas el que pueda concretarse una ley que poco o nada va a beneficiar al cine en el Perú. Porque no se trata sólo de que se hagan cinco o diez películas más - y que se lancen de cualquier manera-, lo que podría llevar incluso a un colapso de la producción en un tiempo más breve del que se podría temer, sino evaluar en qué condiciones es que ese crecimiento se produce. El aumento de multicines en Lima y el país no garantiza nada de nada. O en todo caso lo que garantiza es que tengamos más de lo mismo que tenemos ahora. El espacio que el cine peruano tenga en ese menú será aún más ínfimo de lo que es ahora.
He venido siguiendo, la verdad con cierta consternación, que buena parte del debate sobre los dos proyectos de ley se haya centrado en un asunto de pequeñas diferencias de porcentajes del impuesto municipal para la producción local. Prueba de una avidez que puede ser comprensible, pero que no ha medido los riesgos y los inconvenientes que el soporte de esa propuesta supone: que las municipalidades dejen de percibir el impuesto que reciben por el espectáculo cinematográfico. Las municipalidades se van a oponer y no veo factible que esa disposición prospere. Mucho más realista me parece la sugerencia del documentalista Carlo Berscia de que se realice un trato directo con las municipalidades. Que se aproveche la presencia de Susana Villarán y que se trate con ella y con las autoridades municipales un plan concertado, de modo que puedan sentirse gestoras y partícipes de un proyecto de apoyo al cine peruano. Pero que se deje de lado cualquier tipo de negociación con distribuidores y exhibidores, más allá del que ya existe en la conducción del CONACINE y que es suficiente.
No creo que ninguna ley de apoyo al cine nacional en el mundo (conozco muy pocas, en verdad) vincule de la manera en que lo hace la ley Raffo-León la producción nacional al tinglado de una estructura empresarial transnacional que sólo vela por sus objetivos comerciales. Esperemos estar aún a tiempo de evitar que la ansiedad de un colectivo de cineastas termine alimentando un canto de sirenas en el que, como siempre, las utilidades se las llevarán los que siempre se las llevan.
Isaac León Frías
2 comentarios:
Razonamiento impecable!!
Hasta en Juliaca están construyendo multinces (Cineplanet)y sin necesidad de ley alguna.
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