El martes, la Comisión Permanente del Congreso verá si “modifica” la ley Procine, o de masificación del cine, aprobada por el Pleno.
Más allá de las imposibilidades legales para realizar tal cosa, o de la decisión que se adopte, lo deseable es que ese texto sea observado por el Poder Ejecutivo.
Una vez observado, el mismo Poder Ejecutivo –mediante el Ministerio de Cultura- debe tomar una posición definida, activa, convocante, arbitral, conciliadora, eficaz, comprometida, con la elaboración de un texto legal que pueda ser aprobado lo más pronto posible por el Congreso
Un texto que recupere en su totalidad el aporte estatal para el largo y el cortometraje consignado –pero nunca cumplido- por la Ley 26370, pero que incorpore también el porcentaje anunciado para las regiones.
Pero si esa observación se produce, poco o nada podrá hacer el Ministerio de Cultura si continúa la división de los cineastas, y la ola de insultos, acusaciones, reproches, calumnias y demás invectivas lanzadas en estos días.
¡Basta ya de llamarse corruptos unos a otros, o de afirmar que lo único que ha hecho CONACINE es amparar a una camarilla que se ha "repartido el dinero"! ¿No se dan cuenta los que lanzan esas acusaciones que los recursos se otorgaron en concursos convocados bajo diversas directivas y en la modalidad de premios concedidos por jurados numerosos y diversos, miembros del gremio o ajenos a él? ¿Acaso todos ellos fueron corruptos, o recibieron presiones al decidir sus fallos, o se confabularon para conformar una mafia de persistencia histórica?
Con esas acusaciones se ofende no sólo a los cineastas de la “camarilla” supuesta; también se agravia a los jurados que decidieron los premios y a los miembros de las directivas sucesivas de CONACINE que convocaron los concursos y designaron a los jurados, porque si la corrupción es histórica y la piñata se golpea desde hace años entonces ningún directivo se salvaría de haber participado en ella.
Y eso es insostenible.
¿Se puede poner en cuestión los nombres de jurados como Washington Delgado, Carmen Ollé, Manuel Cuadros Barr, Rodolfo Hinostroza, José Watanabe, Felipe Rivas Mendo, Félix Oliva, Reynaldo Naranjo, Salomón Lernes Febres, Enrique Prochazka, Gonzalo Portocarrero, Pablo Guevara, Rocío Silva Santisteban, Carlos Iván Degregori, entre otros que concedieron premios a proyectos de los cineastas hoy cuestionados?
Lanzar acusaciones de ese calibre es muy fácil y tiene una difusión de alcance viral. Los que lo hacen no piensan en la verdadera dimensión y alcance de sus afirmaciones y en las personas a las que implican. Incluso algunos de los acusadores de hoy deberían recordar si participaron en jurados que premiaron proyectos de esos cineastas o en las directivas de Conacine que convocaron los concursos.
Toda esa campaña tiene que acabar de inmediato, con independencia de lo que ocurra el martes.
IDEAS PARA UN ACUERDO
Ahora bien, luego de apaciguados los ánimos es preciso establecer algunas líneas matrices asentadas en principios simples pero fundamentales que podrían ser el sustento de acuerdos básicos.
Aquí enumero algunas de esas líneas y exigencias.
1. POLITICA ESTATAL DE PROMOCION DEL CINE PERUANO
El Estado debe afirmar una política definida de apoyo al cine y garantizar el cumplimiento cabal de la Ley 26370. Y hacerlo desde el sector que se está haciendo cargo de su administración, el Ministerio de Cultura que, como dijimos antes, debe desempeñar un papel fundamental, convocando a todos los interesados, realizadores de largos, cortos, documentales, animación, de Lima y de todas las regiones, cineastas en general. Una explicación de las políticas planeadas en materia de industrias culturales (el cine lo es) podría ser un buen punto de partida en esa relación y ese compromiso.
2. EL CINE PERUANO NO DEBE SER SUBORDINADO A LA MARCHA DEL NEGOCIO DEL CINE
El cine requiere una ley específica, independiente. No una norma maximalista que resuelva todos los asuntos y problemas, pero que dé estímulos claros. No es conveniente que la política de distribución fílmica transnacional se enseñoree sobre el cine peruano, convirtiendo a las majors no sólo en dueñas del mercado sino en proveedoras de los recursos centrales para la producción del cine peruano y hasta en asesoras en el proceso de su creación. En momentos en que se discute en todo el mundo los mecanismos aptos para combatir la estandarización del “guión sólido de manual” y se propone luchar por la diversidad, incluso limitando, a través de legislación específica, el número de copias importadas de los blockbusters, no es posible que la legislación peruana intente transitar el camino contrario.
Debe dejarse al mercado lo que es propio de él (construcción de salas y masificación del negocio) y dejarse a la ley las disposiciones de promoción efectiva de la producción cinematográfica, la capacitación, la educación y otras más.
3. DISTRIBUIDORES Y EXHIBIDORES
Son parte fundamental del circuito comercial de toda película y cualquier modificación legal debe tenerlos en cuenta, pero sin privilegiar su participación ni favoreciendo su ingerencia en la elaboración de proyectos fílmicos peruanos. La construcción de multisalas puede ser muy importante para la consolidación del negocio fílmico, para favorecer el entretenimiento popular, para fomentar aficiones, pero ello no es razón suficiente para considerar el asunto de necesidad pública e interés social para los peruanos, legislando en su favor.
4. IMPUESTO MUNICIPAL
El destino del impuesto municipal es crucial en todo este asunto. Se han decantado dos posiciones, dos tratamientos legales del problema. El que contiene la ley Procine, y el contemplado por el proyecto Cabrera. Los partidarios de uno u otro proyecto hacen cuestión de estado sobre el tema. Unos sostienen que la contribución parafiscal es legal y posible. Los otros sostienen que una contribución de esa naturaleza está contemplada en la ley pero que las políticas económicas seguidas en los últimos veinte años la han erradicado. Por eso, dicen, la única forma de disponer de esos recursos es a través de un convenio suscrito entre partes, es decir distribuidores y exhibidores por un lado, y Conacine por el otro.
Me temo que este debate entre cineastas no sigue la vía técnica que debiera seguir.
La solución a ello es fundamental, porque ponerse de acuerdo en este tema allana muchos otros.
Como sólo hay una solución, las partes deben buscarla, a través de una opinión técnica, llamémosla un laudo.
Que el asunto lo decidan los tributaristas, con el acuerdo expreso de la APCP y la UCP de respetar la opinión de ellos, cualquiera que sea, guste o no guste a las partes.
¿Por qué no sentarse a una mesa para discutir este asunto? ¿Por qué no acordar una suerte de arbitraje?
Más allá de las imposibilidades legales para realizar tal cosa, o de la decisión que se adopte, lo deseable es que ese texto sea observado por el Poder Ejecutivo.
Una vez observado, el mismo Poder Ejecutivo –mediante el Ministerio de Cultura- debe tomar una posición definida, activa, convocante, arbitral, conciliadora, eficaz, comprometida, con la elaboración de un texto legal que pueda ser aprobado lo más pronto posible por el Congreso
Un texto que recupere en su totalidad el aporte estatal para el largo y el cortometraje consignado –pero nunca cumplido- por la Ley 26370, pero que incorpore también el porcentaje anunciado para las regiones.
Pero si esa observación se produce, poco o nada podrá hacer el Ministerio de Cultura si continúa la división de los cineastas, y la ola de insultos, acusaciones, reproches, calumnias y demás invectivas lanzadas en estos días.
¡Basta ya de llamarse corruptos unos a otros, o de afirmar que lo único que ha hecho CONACINE es amparar a una camarilla que se ha "repartido el dinero"! ¿No se dan cuenta los que lanzan esas acusaciones que los recursos se otorgaron en concursos convocados bajo diversas directivas y en la modalidad de premios concedidos por jurados numerosos y diversos, miembros del gremio o ajenos a él? ¿Acaso todos ellos fueron corruptos, o recibieron presiones al decidir sus fallos, o se confabularon para conformar una mafia de persistencia histórica?
Con esas acusaciones se ofende no sólo a los cineastas de la “camarilla” supuesta; también se agravia a los jurados que decidieron los premios y a los miembros de las directivas sucesivas de CONACINE que convocaron los concursos y designaron a los jurados, porque si la corrupción es histórica y la piñata se golpea desde hace años entonces ningún directivo se salvaría de haber participado en ella.
Y eso es insostenible.
¿Se puede poner en cuestión los nombres de jurados como Washington Delgado, Carmen Ollé, Manuel Cuadros Barr, Rodolfo Hinostroza, José Watanabe, Felipe Rivas Mendo, Félix Oliva, Reynaldo Naranjo, Salomón Lernes Febres, Enrique Prochazka, Gonzalo Portocarrero, Pablo Guevara, Rocío Silva Santisteban, Carlos Iván Degregori, entre otros que concedieron premios a proyectos de los cineastas hoy cuestionados?
Lanzar acusaciones de ese calibre es muy fácil y tiene una difusión de alcance viral. Los que lo hacen no piensan en la verdadera dimensión y alcance de sus afirmaciones y en las personas a las que implican. Incluso algunos de los acusadores de hoy deberían recordar si participaron en jurados que premiaron proyectos de esos cineastas o en las directivas de Conacine que convocaron los concursos.
Toda esa campaña tiene que acabar de inmediato, con independencia de lo que ocurra el martes.
IDEAS PARA UN ACUERDO
Ahora bien, luego de apaciguados los ánimos es preciso establecer algunas líneas matrices asentadas en principios simples pero fundamentales que podrían ser el sustento de acuerdos básicos.
Aquí enumero algunas de esas líneas y exigencias.
1. POLITICA ESTATAL DE PROMOCION DEL CINE PERUANO
El Estado debe afirmar una política definida de apoyo al cine y garantizar el cumplimiento cabal de la Ley 26370. Y hacerlo desde el sector que se está haciendo cargo de su administración, el Ministerio de Cultura que, como dijimos antes, debe desempeñar un papel fundamental, convocando a todos los interesados, realizadores de largos, cortos, documentales, animación, de Lima y de todas las regiones, cineastas en general. Una explicación de las políticas planeadas en materia de industrias culturales (el cine lo es) podría ser un buen punto de partida en esa relación y ese compromiso.
2. EL CINE PERUANO NO DEBE SER SUBORDINADO A LA MARCHA DEL NEGOCIO DEL CINE
El cine requiere una ley específica, independiente. No una norma maximalista que resuelva todos los asuntos y problemas, pero que dé estímulos claros. No es conveniente que la política de distribución fílmica transnacional se enseñoree sobre el cine peruano, convirtiendo a las majors no sólo en dueñas del mercado sino en proveedoras de los recursos centrales para la producción del cine peruano y hasta en asesoras en el proceso de su creación. En momentos en que se discute en todo el mundo los mecanismos aptos para combatir la estandarización del “guión sólido de manual” y se propone luchar por la diversidad, incluso limitando, a través de legislación específica, el número de copias importadas de los blockbusters, no es posible que la legislación peruana intente transitar el camino contrario.
Debe dejarse al mercado lo que es propio de él (construcción de salas y masificación del negocio) y dejarse a la ley las disposiciones de promoción efectiva de la producción cinematográfica, la capacitación, la educación y otras más.
3. DISTRIBUIDORES Y EXHIBIDORES
Son parte fundamental del circuito comercial de toda película y cualquier modificación legal debe tenerlos en cuenta, pero sin privilegiar su participación ni favoreciendo su ingerencia en la elaboración de proyectos fílmicos peruanos. La construcción de multisalas puede ser muy importante para la consolidación del negocio fílmico, para favorecer el entretenimiento popular, para fomentar aficiones, pero ello no es razón suficiente para considerar el asunto de necesidad pública e interés social para los peruanos, legislando en su favor.
4. IMPUESTO MUNICIPAL
El destino del impuesto municipal es crucial en todo este asunto. Se han decantado dos posiciones, dos tratamientos legales del problema. El que contiene la ley Procine, y el contemplado por el proyecto Cabrera. Los partidarios de uno u otro proyecto hacen cuestión de estado sobre el tema. Unos sostienen que la contribución parafiscal es legal y posible. Los otros sostienen que una contribución de esa naturaleza está contemplada en la ley pero que las políticas económicas seguidas en los últimos veinte años la han erradicado. Por eso, dicen, la única forma de disponer de esos recursos es a través de un convenio suscrito entre partes, es decir distribuidores y exhibidores por un lado, y Conacine por el otro.
Me temo que este debate entre cineastas no sigue la vía técnica que debiera seguir.
La solución a ello es fundamental, porque ponerse de acuerdo en este tema allana muchos otros.
Como sólo hay una solución, las partes deben buscarla, a través de una opinión técnica, llamémosla un laudo.
Que el asunto lo decidan los tributaristas, con el acuerdo expreso de la APCP y la UCP de respetar la opinión de ellos, cualquiera que sea, guste o no guste a las partes.
¿Por qué no sentarse a una mesa para discutir este asunto? ¿Por qué no acordar una suerte de arbitraje?
Que dos abogados tributaristas, respetados y aceptados por ambas partes, opinen si es posible o no crear una contribución parafiscal o si la solución de Procine es la mejor. Si hubiere opiniones discordantes entre ellos, dirime un tercer abogado. Y se adopta esa decisión.
Podría requerirse el concurso de las facultades de Derecho de algunas universidades para gestionar la opinión de un especialista de su claustro. O intentarlo con algunos estudios de abogados que pueden asumir este asunto con un tratamiento Pro Bono.
Creo que un acuerdo sobre este punto podría ser el primero de muchos otros.
Podría requerirse el concurso de las facultades de Derecho de algunas universidades para gestionar la opinión de un especialista de su claustro. O intentarlo con algunos estudios de abogados que pueden asumir este asunto con un tratamiento Pro Bono.
Creo que un acuerdo sobre este punto podría ser el primero de muchos otros.
Ricardo Bedoya
8 comentarios:
A las municipalidades les quitan 10% de una parte de sus ingresos y... ¿no dicen nada?. Seguramente cuando asuman los nuevos alcaldes tendrán que defender sus fueros. Quizás podrían plantear una acción de amparo o ir al tribunal constitucional para detener semejante huevo podrido. Lucianita es muy linda y su papá muy vivo. De Raffo (el fujimontesinista panda) se puede esperar cualquier cosa.
Ricardo
Estimado Ricardo,
Que la comisión permanente modifique el proyecto de Ley es muy dificil y hasta peligroso como precedente. Abrir las puertas para que un pequeño grupo de legisladores cambie lo aprobado por el pleno es entrar a la dimensión desconocida. De acuerdo, la mayoría de legisladores ni tienen idea por lo que han votado pero eso no quita el fondo del asunto. Entonces habría que apuntar a la observación presidencial y, de ser el caso, a su cuestionamiento legal. Para eso si podrían unirse en esta etapa los gremios de cineastas, estudiosos y aficionados. Comenzar por allí. Todos unidos tras una sola idea: Observación de la Ley o su cuestionamiento legal. Si sobre este programa mínimo se gesta la unidad puede pensarse en ulteriores actividades conjuntas. Ojalá que prime la sensatez y dejando de lado cuestionamientos que a estas alturas suenan extemporáneos se pueda dar este primer paso conjuntamente.
Ernesto
Empiezan a llegar los anónimos de siempre. Como aquel escrito por un cobarde pobre diablo que empieza así: "oye, pendejerete ahora quieres defender a tus amiguetes". Lo pongo para que se reconozca.
Como no quiero seguir contestando como se merece -y quiere que le conteste- sólo digo que no publicaré a nadie que insulte de corrupto a quien sea, sin probarlo.
Ricardo, más allá de las tratativas que en el 2011, a diferencia de hasta ahora, se deberá tener también con las municipalidades, me parece interesante el tratamiento técnico que propones para definir qué hacer con el impuesto municipal.
Lo que hay que señalar es que la UCP, más allá del parecer de cineasta, sí ha buscado una opinión experta. Presentó en noviembre de 2010 a la Comisión de Educación y Cultura un documento técnico, de un especialista como los que sugieres para el laudo, el doctor Jorge Bravo Cucci, que considera legal y viable la contribución parafiscal y considera inviable e inconstitucional el convenio privado.
Por otro lado, anteriormente los distribuidores presentaron un informe del estudio de abogados que trabaja con ellos, en el que no consideraban inviable la contribución parafiscal.
¿Entonces, en qué se sostiene la negativa a esta figura jurídica? Sólo en tajantes afirmaciones verbales de Carlos Raffo y Luciana León, que no son tributaristas. Tampoco sus asesores, que se sepa. ¿Habrá algún tributarista de prestigio que considere viable el convenio privado?
Saludos cordiales,
Gabriel Quispe
Totalmente de acuerdo con todo lo que propones. Pero solo quiero hacer un par de pequeñas aclaraciones. Yo llamé la atención sobre el artículo 9 de la ley 3938 (Raffo/León/Peralta) donde se habla del 20% como MÍNIMO para las ayudas no reembolsables a las regiones del interior del país. Yo entendí inmediatamente que hablaba de 20% del 15% (haciendo referencia al artículo 8 inciso d). Pero luego volviendo a leer con detenimiento el artículo 9 veo que habla de ayudas a la producción. Y como el articulo 8d no menciona ayudas a la producción... cabe entender el 9 en ese aspecto como que se refiere al 20% de los concursos (articulo 8a) que en la práctica también son "ayudas no reembolsables". Digamos que el reglamento podría precisar esto. Un abogado constitucionalista podría ayudarnos a saber si esto es posible. Creo fundamental recuperar el artículo 17. El 24 no me preocupa tanto porque allí no se habla de compromiso del Estado de asignar recursos al CONACINE. Y claro, como la nueva Ley no obliga a solo tres concursos (ahora habla de un mínimo de uno al año), los recursos para CONACINE ya no tienen techo y el nuevo CONACINE puede asignar y convocar los concursos con mucha más libertad y asignar mucho más dinero a cortos de los que ahora se da: solo 150 mil soles ! Y nadie se rasga las vestiduras...
Sobre el tema Impuesto Parafiscal. Todo abogado dirá que es viable y no es anti-constitucional. Ese no es el tema. El tema es que todo economista político (desde Zavala, Burneo hasta Campodónico y Jimenez, me han dicho claramente que eso no pasa... salvo que Alan o el Presidente que venga lo quiera. Es anti-técnico. Esa es su calificación. Crea lo que se llaman PERFORACIONES al sistema tributario. No quiere decir que no existan impuestos dirigidos. hay más de 50... pero... para el cine??? Yo no creo que lo pasen...
Respecto al comentario de Chicho:
1) El artículo 8 distingue el Concurso Nacional de Cinematografía (8a) de "ayudas no reembolsables" (8c). El artículo 9 referido al fomento del cine regional dice expresamente: "ayudas no reembolsables", y por tanto se remite al 8c.
2) La enumeración de 8c no incluye explícitamente a la producción, pero no es taxativa, dice: "Ayudas no reembolsables para otras actividades relacionadas con la cinematografía COMO..." Es ese "como" el que permite incluir el apoyo a la producción de películas regionales en "ayudas no reembolsables".
Emilio Bustamante.
Los jurados no son corruptos son manipulados por la actual ley.
"¿Se puede poner en cuestión los nombres de jurados como Washinton Delgado...?"
Puedo imaginar la inseguridad de algunos de los jurados que se menciona, luego de leer un excelente guión, al ver que el autor es Pedro Mamani, o Juan Quispe. O que al consultar la ficha técnica vean que el director de la película será Alfredo Perez (un desconocido).
Los jurados dudan de la capacidad de que algún desconocido pueda concretar una película "exitosa".
¿Por que? Porque la ley está planteada de esa manera.
El sistema obliga a presentar proyectos detallados con nombres y curriculums de los técnicos y actores.
¿Para que es eso? Para discriminar a los desconocidos menos experimentados.
Entonces la tranquilidad se las da autores como Lombardi, Tamayo, Durant, etc. Los jueces sienten que su decisión será bien vista y que la películas de estas luminarias serán "exitosas".
Pero ya vemos el poco éxito de estas, y también nos privamos de ver novedades, innovaciones, riesgos y verdaderos éxitos.
La realidad dice que no es tan difícil hacer cine, que el dinero es el principal obstáculo y que ser conocido no garantiza nada. Pero la ley dice otra cosa pues.
¿Sabía usted que las reglas de la ley actual fueron introducidas entre otros por el mismo Francisco Lombardi?
¿Lo sabía...?
Se presentan ingenuamente cada año 35 nuevos talentos, y son olímpicamente ignorados, porque al final ganan los mismos 5 de siempre. Pero los ingenuos 35 con su presencia le dan un lindo marco al concurso y lo legitimizan ignorando que por principio legal ellos nunca tendrán cabida.
Ya es hora que los concursos se hagan con SOBRE CERRADO, salgamos ya de la injusticia que beneficia a 5 señores.
Anónimo 10:33
Hace unas horas envíe unas observaciones respecto del comentario de Chicho. Parece que no han llegado, así que las repito y amplío:
1. El artículo 8 distingue el Concurso Nacional de Cinematografía (8a) de las “ayudas no reembolsables” (8c, no 8d como dice Chicho), y señala como porcentaje de las ayudas no reembolsables al 15% del Fondo.
2. El artículo 8c no menciona a la producción pero la enumeración que hace de actividades a las que se destinarán las ayudas no reembolsables no es taxativa. Dice: “Ayudas no reembolsables para otras actividades relacionadas con la cinematografía como…”. Ese “como” deja abierta la posibilidad de que se brinden ayudas no reembolsables a otras actividades no mencionadas. El artículo 9 se acoge a ello para establecer la entrega de ayudas no reembolsables a la producción de cine regional, además de la capacitación, la creación y la difusión de ese mismo cine. Estas ayudas no pueden ser menores del 20% del total de los montos que anualmente disponga el Fondo en ayudas no reembolsables, según el artículo 9. Volvemos entonces a lo mismo: 20% de las ayudas no reembolsables; es decir, 20% del 15%.
3. No se puede entender, como dice Chicho, que el artículo 9 se refiera al 20% de lo destinado a los concursos, pues los premios a los proyectos ganadores en los concursos son entregados “para ser usados exclusivamente en la producción” (artículo 14.1 de la 26370 modificado por la Ley Procine), y el artículo 9 incluye en el 20% no solo a la producción sino también a la capacitación, la creación y la difusión del cine regional.
Emilio Bustamante.
Publicar un comentario