Christian Wiener, Presidente de la Unión de Cineastas Peruanos, nos hace llegar esta carta abierta a los miembros de la APCP.
Hay que empezar saludando la iniciativa de la APCP, a través de su vocero Francisco Lombardi, de hacer pública la carta enviada a la Presidencia del Congreso de la República. Su actitud dista mucho del secretismo que ha imperado desde cuando los cineastas fuimos sorprendidos por el proyecto 3339, presentado por los congresistas Carlos Raffo y Luciana León el 3 de junio del 2009, negociado a espaldas de los cineastas entre la APCP, CONACINE y los distribuidores. La transparencia en la información, sin duda alguna, ayuda a crear un clima de mejor entendimiento y, por el contrario, el ocultamiento lo hace más difícil y dice mucho de quienes lo practican.
Ciertamente hay un desencuentro y diríamos más, se ha generado una brecha, entre la gente de cine. Recordemos que esta situación no es producto de la casualidad, ha sido gestada a partir de la actitud inicial de CONACINE y la APCP de negociar a escondidas y a espaldas de la mayoría del gremio un proyecto de Ley situado muy lejos y en algunos puntos en las antípodas del original proyecto 3081 del congresista Jhony Peralta, el mismo que fue inicialmente asumido por toda la comunidad cinematográfica. Hay que precisar que en lugar de buscarse el entendimiento entre los cineastas, ambas instituciones se ratificaron en su encierro. Ahí están, y pueden ser consultados en la lista de Cinemaperú y los blogs, los primeros comunicados de la presidenta de CONACINE y de la APCP.
Posteriormente, al surgir el Colectivo de Cineastas Peruanos, que luego devino en UCP, nosotros buscamos el diálogo, el cual se produjo en dos ocasiones en CONACINE y donde en la segunda reunión el presidente de la APCP, Augusto Tamayo, fue muy enfático y escueto: “nosotros consideramos que cada institución haga lo más conveniente respecto a los proyectos de Ley”, lo que dicho en otras palabras era romper cualquier posibilidad de diálogo y entendimiento. Tal vez eso no sea una actitud soberbia, depende de cómo se le evalúe, pero en todo caso no fue la mejor manera de contribuir al encuentro, ahondando las diferencias en el gremio.
Por otro lado, llama enormemente la atención que ahora se lamente la situación existente cuando se ha hecho muy poco para tratar de superarla. Desde la UCP en todo momento reclamamos el diálogo abierto y transparente; sin embargo, hemos encontrado que desde el lado de la APCP se prefiere conversar con los otros sectores antes que entre los propios cineastas. Estamos plenamente convencidos que mientras no exista el diálogo, difícilmente se recuperará la unidad, pero para dialogar se necesitan dos y si uno de los interlocutores sistemáticamente se niega a hacerlo de qué sirve lamentarse.
Se dice que la diferencia principal es que mientras unos quieren “privilegiar la producción de películas” nosotros queremos una Ley General de Cinematografía. Habría que empezar diciendo que basta con leer el proyecto de Ley del congresista Cabrera para darse cuenta que esta afirmación está sustentada en una lectura (si es que ha existido) totalmente errónea del mismo.
En primer lugar, hay que señalar la incongruencia del planteamiento de privilegiar la producción y por otro lado ceder en términos de porcentaje, dando como único sustento para este acto una actitud “realista”. Evidentemente, con mayor dinero se pueden hacer más películas, de ahí que un porcentaje de un 5%, frente al 3.3% que plantea la APCP, resulte más conveniente y por cierto totalmente factible, dotando a CONACINE de mayores recursos. Más aún, si hacemos un cálculo de ingresos, el 1.7% adicional alcanza y sobra para cubrir las necesidades de lo que la APCP califica manipuladoramente como una “Ley General de Cinematografía”, cuyos artículos parecen no haberlo leído, porque también se encuentran en el proyecto de Ley de los congresistas Carlos Raffo y Luciana León: creación de la Cinemateca, apoyo a la capacitación, festivales, etc. y promover el desarrollo descentralizado de nuestra cinematografía.
La justificación que la APCP da para apoyar el proyecto 3938 es abiertamente derrotista, olvidando que los avances legales de los cineastas han sido resultado de la unidad entre los cineastas y de una actitud firme y decidida. Pero claro, si se prefiere negociar con las Majors y asumir que ellos son los que dan la pauta, difícilmente se logrará un proyecto mínimamente decente.
Se trata de confundir al gremio cuando se dice que entre el 2009 y el 2010 ha habido cinco proyectos en el Congreso y no se dice que de esos cinco, tres son los presentados por Carlos Raffo (dos en junio 2009 y el último a fines de marzo 2010), uno por Jhony Peralta (marzo 2009) y otro por Werner Cabrera (inicios de marzo 2010), y que los de Raffo siempre fueron a la zaga de los otros. Este número, que se presenta como gran hallazgo no sabemos si por desconocimiento o buscando el efectismo, se hubiera podido evitar de haber mediado un diálogo entre los cineastas, previo a uno posterior con los distribuidores y exhibidores, pero en lugar de ello se prefirió negociar a escondidas con éstos últimos, llegándose a un pacto que aún la APCP mantiene en secreto.
Se cuida mucho la APCP de mencionar en el párrafo sobre este tema a las negociaciones y acuerdos hechos con los distribuidores, y presentan como gran logro el 3.3%, porcentaje que si se lee bien el proyecto de ley 3938 de Carlos Raffo y Luciana León, significa que CONACINE es el menos favorecido económicamente y, por el contrario, son las Majors las que se llevan los principales ingresos de la reducción del impuesto, al sumarse los beneficios tributarios contemplados en el proyecto de Ley (artículo 5 inciso a, segundo párrafo). Curioso entendimiento de ser “realistas” y “privilegiar la producción”. Y como si no fuera suficiente, para tratar de confundir más aún, hablan de las cadenas de exhibición que son mayoritariamente nacionales, como efectivamente así ocurre, pero no dicen nada de quiénes son sus principales socios y beneficiarios (las Majors), y tampoco que el proyecto del congresista Cabrera les está cediendo a los exhibidores el 5%, porcentaje mayor que el 3.3% que los ahora “nacionalistas” de la APCP quieren entregarles. Y no es acaso una total ingenuidad política decir: “tenemos aún la esperanza de poder subir algo más este porcentaje en etapas posteriores de la discusión del proyecto”. ¿O acaso ya lo tienen conversado para presentarlo como uno de los “logros” de su “consecuente” posición?
Tampoco es cierto cuando se afirma que ante la cesión del 3.3% voluntaria y temporal, “la APCP rechazó de manera radical este planteamiento y quedó eliminado hace varios meses”. Curioso y significativo cambio, porque el año pasado la APCP defendía –y ahí están los correos al respecto– esta condición del pago como inevitable e inamovible. Ahora, es cierto que las palabras en mención han sido retiradas (aunque siguen figurando en la web del Congreso) de la exposición de motivos del mencionado proyecto, pero se sigue insistiendo en un convenio privado como el Convenio Minero (ver exposición de motivos, página 10) y no hay que ser doctor en Derecho para saber que, por su naturaleza, los convenios son voluntarios y tienen una duración, y el mismo congresista Raffo se ha encargado de reiterarlo cuando se le ha preguntado sobre el tema. Es decir, se saca de un lado las palabras pero se deja el fondo y el resultado final siempre es el mismo: voluntario y temporal. Y si se lee aún con mayor detenimiento, se verá que el mencionado proyecto no menciona para nada mantener el financiamiento de la Ley actual 26370. Y a buen entendedor, esto significa dejar el financiamiento futuro del cine peruano en manos de las Majors. La faena completa: más ingresos y el control del financiamiento. ¿Esto es ser realista?
Y tampoco esta garantizado, además, que esa ley sea segura y viable como lo afirman sus promotores políticos. Ahí tenemos el caso reciente del proyecto de la Ley de Mecenazgo Cultural, impulsado por la congresista Luciana León, y que a pesar de no tener mayor oposición en el Parlamento ha sido observado por el MEF. En tal circunstancia difícilmente prosperará una ley que, no olvidemos, afecta un impuesto vigente, y que no tenga un efectivo consenso de todos los sectores; y todo por un cálculo político, porque los mismos exhibidores y hasta los distribuidores han señalado que, de ser el caso, se allanarían a que realmente se asegure, por ley y no convenio, el pago al fondo.
Desde la UCP planteamos, por el contrario, un financiamiento obligatorio y permanente, lejos de las coyunturas políticas e inseguridades que generan un convenio que inevitablemente será temporal y voluntario por más “candados” que se prometan colocar. En ese sentido, una contribución parafiscal, de mediar la voluntad política de nuestros congresistas y el Ejecutivo, sí es posible, puesto que existen antecedentes en la legislación peruana e internacional, permitirá asegurar nuestro desarrollo cinematográfico con más películas, mayores oportunidades para el desarrollo de los cineastas de todo origen y lugar, una mayor cultura cinematográfica y la necesaria profesionalización de los trabajadores del sector, confluyendo todo esto en el desarrollo de una verdadera industria cinematográfica, la única manera de consolidar verdaderamente nuestro cine. Existe al respecto una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que la promoción de la cultura constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho y que el Estado puede promover las manifestaciones culturales, legítimamente, mediante el ejercicio de la potestad tributaria; por cuanto que los fines económico, sociales, políticos y culturales son también objetivos a cumplir con la imposición de tributos o con su exoneración.
Para terminar, es necesario recordar que en los orígenes del debate sobre la ley de cine, está el proyecto del congresista Jhony Peralta, que fue posible gracias a la coyuntura del premio en Berlín de La teta asustada. El posterior viraje, inexplicado e inexplicable, deL CONACINE y la APCP y la cerrada defensa que hacen de las propuestas de las Majors (los gremios externos como se cuidan de decir), cerrando el diálogo con el conjunto del gremio de la producción y cultura, ha sido el que viene impidiendo que hasta la fecha no contemos con una Ley de Cine que beneficie a la cinematografía en su conjunto. ¿Quién entonces es el que verdaderamente impide la aprobación de la Ley de Cine? Juzguen ustedes.
Esperamos que nuestra respuesta no motive destempladas reacciones. Desde esta lista reiteramos nuestra voluntad de diálogo, serio y alturado, pues estamos seguros que ese es el reclamo e interés de todos los cineastas, sin excepción. El talento, la creatividad y el esfuerzo laboral presente en nuestro cine así lo reclama. Y tal vez un poco de humildad sea el ingrediente necesario para llegar a un acuerdo que puede significar muchísimo, no sólo para quienes estamos directamente comprometidos en la gran tarea de construir nuestra cinematografía, sino para el gran público al que siempre nos debemos.
Unión de Cineastas Peruanos
Lima, 29 de mayo del 2010
Ciertamente hay un desencuentro y diríamos más, se ha generado una brecha, entre la gente de cine. Recordemos que esta situación no es producto de la casualidad, ha sido gestada a partir de la actitud inicial de CONACINE y la APCP de negociar a escondidas y a espaldas de la mayoría del gremio un proyecto de Ley situado muy lejos y en algunos puntos en las antípodas del original proyecto 3081 del congresista Jhony Peralta, el mismo que fue inicialmente asumido por toda la comunidad cinematográfica. Hay que precisar que en lugar de buscarse el entendimiento entre los cineastas, ambas instituciones se ratificaron en su encierro. Ahí están, y pueden ser consultados en la lista de Cinemaperú y los blogs, los primeros comunicados de la presidenta de CONACINE y de la APCP.
Posteriormente, al surgir el Colectivo de Cineastas Peruanos, que luego devino en UCP, nosotros buscamos el diálogo, el cual se produjo en dos ocasiones en CONACINE y donde en la segunda reunión el presidente de la APCP, Augusto Tamayo, fue muy enfático y escueto: “nosotros consideramos que cada institución haga lo más conveniente respecto a los proyectos de Ley”, lo que dicho en otras palabras era romper cualquier posibilidad de diálogo y entendimiento. Tal vez eso no sea una actitud soberbia, depende de cómo se le evalúe, pero en todo caso no fue la mejor manera de contribuir al encuentro, ahondando las diferencias en el gremio.
Por otro lado, llama enormemente la atención que ahora se lamente la situación existente cuando se ha hecho muy poco para tratar de superarla. Desde la UCP en todo momento reclamamos el diálogo abierto y transparente; sin embargo, hemos encontrado que desde el lado de la APCP se prefiere conversar con los otros sectores antes que entre los propios cineastas. Estamos plenamente convencidos que mientras no exista el diálogo, difícilmente se recuperará la unidad, pero para dialogar se necesitan dos y si uno de los interlocutores sistemáticamente se niega a hacerlo de qué sirve lamentarse.
Se dice que la diferencia principal es que mientras unos quieren “privilegiar la producción de películas” nosotros queremos una Ley General de Cinematografía. Habría que empezar diciendo que basta con leer el proyecto de Ley del congresista Cabrera para darse cuenta que esta afirmación está sustentada en una lectura (si es que ha existido) totalmente errónea del mismo.
En primer lugar, hay que señalar la incongruencia del planteamiento de privilegiar la producción y por otro lado ceder en términos de porcentaje, dando como único sustento para este acto una actitud “realista”. Evidentemente, con mayor dinero se pueden hacer más películas, de ahí que un porcentaje de un 5%, frente al 3.3% que plantea la APCP, resulte más conveniente y por cierto totalmente factible, dotando a CONACINE de mayores recursos. Más aún, si hacemos un cálculo de ingresos, el 1.7% adicional alcanza y sobra para cubrir las necesidades de lo que la APCP califica manipuladoramente como una “Ley General de Cinematografía”, cuyos artículos parecen no haberlo leído, porque también se encuentran en el proyecto de Ley de los congresistas Carlos Raffo y Luciana León: creación de la Cinemateca, apoyo a la capacitación, festivales, etc. y promover el desarrollo descentralizado de nuestra cinematografía.
La justificación que la APCP da para apoyar el proyecto 3938 es abiertamente derrotista, olvidando que los avances legales de los cineastas han sido resultado de la unidad entre los cineastas y de una actitud firme y decidida. Pero claro, si se prefiere negociar con las Majors y asumir que ellos son los que dan la pauta, difícilmente se logrará un proyecto mínimamente decente.
Se trata de confundir al gremio cuando se dice que entre el 2009 y el 2010 ha habido cinco proyectos en el Congreso y no se dice que de esos cinco, tres son los presentados por Carlos Raffo (dos en junio 2009 y el último a fines de marzo 2010), uno por Jhony Peralta (marzo 2009) y otro por Werner Cabrera (inicios de marzo 2010), y que los de Raffo siempre fueron a la zaga de los otros. Este número, que se presenta como gran hallazgo no sabemos si por desconocimiento o buscando el efectismo, se hubiera podido evitar de haber mediado un diálogo entre los cineastas, previo a uno posterior con los distribuidores y exhibidores, pero en lugar de ello se prefirió negociar a escondidas con éstos últimos, llegándose a un pacto que aún la APCP mantiene en secreto.
Se cuida mucho la APCP de mencionar en el párrafo sobre este tema a las negociaciones y acuerdos hechos con los distribuidores, y presentan como gran logro el 3.3%, porcentaje que si se lee bien el proyecto de ley 3938 de Carlos Raffo y Luciana León, significa que CONACINE es el menos favorecido económicamente y, por el contrario, son las Majors las que se llevan los principales ingresos de la reducción del impuesto, al sumarse los beneficios tributarios contemplados en el proyecto de Ley (artículo 5 inciso a, segundo párrafo). Curioso entendimiento de ser “realistas” y “privilegiar la producción”. Y como si no fuera suficiente, para tratar de confundir más aún, hablan de las cadenas de exhibición que son mayoritariamente nacionales, como efectivamente así ocurre, pero no dicen nada de quiénes son sus principales socios y beneficiarios (las Majors), y tampoco que el proyecto del congresista Cabrera les está cediendo a los exhibidores el 5%, porcentaje mayor que el 3.3% que los ahora “nacionalistas” de la APCP quieren entregarles. Y no es acaso una total ingenuidad política decir: “tenemos aún la esperanza de poder subir algo más este porcentaje en etapas posteriores de la discusión del proyecto”. ¿O acaso ya lo tienen conversado para presentarlo como uno de los “logros” de su “consecuente” posición?
Tampoco es cierto cuando se afirma que ante la cesión del 3.3% voluntaria y temporal, “la APCP rechazó de manera radical este planteamiento y quedó eliminado hace varios meses”. Curioso y significativo cambio, porque el año pasado la APCP defendía –y ahí están los correos al respecto– esta condición del pago como inevitable e inamovible. Ahora, es cierto que las palabras en mención han sido retiradas (aunque siguen figurando en la web del Congreso) de la exposición de motivos del mencionado proyecto, pero se sigue insistiendo en un convenio privado como el Convenio Minero (ver exposición de motivos, página 10) y no hay que ser doctor en Derecho para saber que, por su naturaleza, los convenios son voluntarios y tienen una duración, y el mismo congresista Raffo se ha encargado de reiterarlo cuando se le ha preguntado sobre el tema. Es decir, se saca de un lado las palabras pero se deja el fondo y el resultado final siempre es el mismo: voluntario y temporal. Y si se lee aún con mayor detenimiento, se verá que el mencionado proyecto no menciona para nada mantener el financiamiento de la Ley actual 26370. Y a buen entendedor, esto significa dejar el financiamiento futuro del cine peruano en manos de las Majors. La faena completa: más ingresos y el control del financiamiento. ¿Esto es ser realista?
Y tampoco esta garantizado, además, que esa ley sea segura y viable como lo afirman sus promotores políticos. Ahí tenemos el caso reciente del proyecto de la Ley de Mecenazgo Cultural, impulsado por la congresista Luciana León, y que a pesar de no tener mayor oposición en el Parlamento ha sido observado por el MEF. En tal circunstancia difícilmente prosperará una ley que, no olvidemos, afecta un impuesto vigente, y que no tenga un efectivo consenso de todos los sectores; y todo por un cálculo político, porque los mismos exhibidores y hasta los distribuidores han señalado que, de ser el caso, se allanarían a que realmente se asegure, por ley y no convenio, el pago al fondo.
Desde la UCP planteamos, por el contrario, un financiamiento obligatorio y permanente, lejos de las coyunturas políticas e inseguridades que generan un convenio que inevitablemente será temporal y voluntario por más “candados” que se prometan colocar. En ese sentido, una contribución parafiscal, de mediar la voluntad política de nuestros congresistas y el Ejecutivo, sí es posible, puesto que existen antecedentes en la legislación peruana e internacional, permitirá asegurar nuestro desarrollo cinematográfico con más películas, mayores oportunidades para el desarrollo de los cineastas de todo origen y lugar, una mayor cultura cinematográfica y la necesaria profesionalización de los trabajadores del sector, confluyendo todo esto en el desarrollo de una verdadera industria cinematográfica, la única manera de consolidar verdaderamente nuestro cine. Existe al respecto una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que la promoción de la cultura constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho y que el Estado puede promover las manifestaciones culturales, legítimamente, mediante el ejercicio de la potestad tributaria; por cuanto que los fines económico, sociales, políticos y culturales son también objetivos a cumplir con la imposición de tributos o con su exoneración.
Para terminar, es necesario recordar que en los orígenes del debate sobre la ley de cine, está el proyecto del congresista Jhony Peralta, que fue posible gracias a la coyuntura del premio en Berlín de La teta asustada. El posterior viraje, inexplicado e inexplicable, deL CONACINE y la APCP y la cerrada defensa que hacen de las propuestas de las Majors (los gremios externos como se cuidan de decir), cerrando el diálogo con el conjunto del gremio de la producción y cultura, ha sido el que viene impidiendo que hasta la fecha no contemos con una Ley de Cine que beneficie a la cinematografía en su conjunto. ¿Quién entonces es el que verdaderamente impide la aprobación de la Ley de Cine? Juzguen ustedes.
Esperamos que nuestra respuesta no motive destempladas reacciones. Desde esta lista reiteramos nuestra voluntad de diálogo, serio y alturado, pues estamos seguros que ese es el reclamo e interés de todos los cineastas, sin excepción. El talento, la creatividad y el esfuerzo laboral presente en nuestro cine así lo reclama. Y tal vez un poco de humildad sea el ingrediente necesario para llegar a un acuerdo que puede significar muchísimo, no sólo para quienes estamos directamente comprometidos en la gran tarea de construir nuestra cinematografía, sino para el gran público al que siempre nos debemos.
Unión de Cineastas Peruanos
Lima, 29 de mayo del 2010
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