El sábado 14, la página editorial de El Comercio publicó el siguiente artículo de Javier Protzel, ex presidente del CONACINE:
Una exitosa política pública acaba de inaugurar un periodo de regresión, paradójicamente gracias a la discutible aplicación de una norma destinada precisamente a modernizar la actividad estatal, la Ley 27658. Resulta afectada la meritoria labor del Conacine (Consejo Nacional de Cinematografía), organismo que además de haber hecho materialmente posible la creación de un valioso acervo cinematográfico a lo largo de década y media, le ha dado bríos a una nueva generación de cineastas que prestigia al Perú y a América Latina al expresar con sus voces múltiples la personalidad de nuestro país. El asunto es tanto más delicado en cuanto la absorción por fusión del Conacine a la estructura orgánica del Ministerio de Cultura lo convierte en una oficina administrativa más, cuyas iniciativas y determinaciones se perderían en los laberintos burocráticos de una Dirección de Industrias Culturales. Un gobierno central cuya negligencia hacia el fomento del cine nacional es casi una tradición no garantiza una actividad productiva sostenida, ni menos la diversidad de funciones de animación, conservación y capacitación que le corresponden.
En cambio, el Conacine sí funcionó adecuadamente mediante su Consejo Directivo, cuyos integrantes fueron mayoritariamente representantes de entes privados relacionados con el cine, aunque bajo una presidencia designada por el Estado. La presencia activa de la sociedad civil en los mecanismos de toma de decisión favorece la desconcentración del poder y entrecruza los vectores de responsabilidad social entre gobernantes y gobernados. Y tanto más en un campo complejo y multidisciplinario como es el audiovisual, en el cual se requiere de confianza mutua y estrecha cooperación entre actores públicos y privados. Este contacto es el requisito para lograr un clima de confianza. Sin éste es difícil que la buena gestión presupuestal se haga compatible con la singularidad de los procesos creativos, el uso de técnicas avanzadas y la sinergia para difundir las películas en festivales y mercados. Huelga sobreabundar sobre la necesidad de autonomía para que florezca la inventiva en la sociedad del conocimiento a la que se pretende ingresar. El arte cinematográfica, como la producción científica y tecnológica, son frutos de una actividad colectiva protegida, realizada mediante grupos o equipos reducidos e innovadores, de lo que se denomina en el mundo anglosajón un cluster. Por su carácter colegiado, el Conacine - y pese a cualquier crítica que pudiese merecer - ha resguardado la autonomía de los cineastas, manteniendo sus proyectos lejos de presiones políticas y de intereses subalternos. Con esta capitis diminutio, es decir su transformación en un consejo consultivo sin capacidades resolutivas vinculantes, la cultura de la libertad es nuevamente desafiada, puesto que las tentaciones de censura o de preferencias arbitrarias pueden cernirse desde los arcanos del poder, en particular ante la perspectiva electoral actual.
No me cabe duda acerca de los excelentes propósitos que tuvo Juan Ossio, ministro notable y amante del buen cine, prueba de los cuales ha sido su presentación hace pocos meses de un nuevo y acertado proyecto de ley cinematográfica al Consejo de Ministros, ahora lamentablemente encarpetado. A fin de cuentas han pesado, y a rajatabla, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la chatura administrativa, que no permite ese tipo de consejos directivos, aun así se sepa perfectamente de otros que no fueron suprimidos por existir antes de la promulgación de la referida ley, como también lo es el Conacine. En mi calidad de ex-Presidente del Conacine, deploro esta medida centralista, concentradora y autodestructiva, con la cual el Estado nos regala su autorretrato de ogro filantrópico, figura metafórica ideada por Octavio Paz para representar la arbitrariedad del poder, aun cuando quiere hacer el bien.
Una exitosa política pública acaba de inaugurar un periodo de regresión, paradójicamente gracias a la discutible aplicación de una norma destinada precisamente a modernizar la actividad estatal, la Ley 27658. Resulta afectada la meritoria labor del Conacine (Consejo Nacional de Cinematografía), organismo que además de haber hecho materialmente posible la creación de un valioso acervo cinematográfico a lo largo de década y media, le ha dado bríos a una nueva generación de cineastas que prestigia al Perú y a América Latina al expresar con sus voces múltiples la personalidad de nuestro país. El asunto es tanto más delicado en cuanto la absorción por fusión del Conacine a la estructura orgánica del Ministerio de Cultura lo convierte en una oficina administrativa más, cuyas iniciativas y determinaciones se perderían en los laberintos burocráticos de una Dirección de Industrias Culturales. Un gobierno central cuya negligencia hacia el fomento del cine nacional es casi una tradición no garantiza una actividad productiva sostenida, ni menos la diversidad de funciones de animación, conservación y capacitación que le corresponden.
En cambio, el Conacine sí funcionó adecuadamente mediante su Consejo Directivo, cuyos integrantes fueron mayoritariamente representantes de entes privados relacionados con el cine, aunque bajo una presidencia designada por el Estado. La presencia activa de la sociedad civil en los mecanismos de toma de decisión favorece la desconcentración del poder y entrecruza los vectores de responsabilidad social entre gobernantes y gobernados. Y tanto más en un campo complejo y multidisciplinario como es el audiovisual, en el cual se requiere de confianza mutua y estrecha cooperación entre actores públicos y privados. Este contacto es el requisito para lograr un clima de confianza. Sin éste es difícil que la buena gestión presupuestal se haga compatible con la singularidad de los procesos creativos, el uso de técnicas avanzadas y la sinergia para difundir las películas en festivales y mercados. Huelga sobreabundar sobre la necesidad de autonomía para que florezca la inventiva en la sociedad del conocimiento a la que se pretende ingresar. El arte cinematográfica, como la producción científica y tecnológica, son frutos de una actividad colectiva protegida, realizada mediante grupos o equipos reducidos e innovadores, de lo que se denomina en el mundo anglosajón un cluster. Por su carácter colegiado, el Conacine - y pese a cualquier crítica que pudiese merecer - ha resguardado la autonomía de los cineastas, manteniendo sus proyectos lejos de presiones políticas y de intereses subalternos. Con esta capitis diminutio, es decir su transformación en un consejo consultivo sin capacidades resolutivas vinculantes, la cultura de la libertad es nuevamente desafiada, puesto que las tentaciones de censura o de preferencias arbitrarias pueden cernirse desde los arcanos del poder, en particular ante la perspectiva electoral actual.
No me cabe duda acerca de los excelentes propósitos que tuvo Juan Ossio, ministro notable y amante del buen cine, prueba de los cuales ha sido su presentación hace pocos meses de un nuevo y acertado proyecto de ley cinematográfica al Consejo de Ministros, ahora lamentablemente encarpetado. A fin de cuentas han pesado, y a rajatabla, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la chatura administrativa, que no permite ese tipo de consejos directivos, aun así se sepa perfectamente de otros que no fueron suprimidos por existir antes de la promulgación de la referida ley, como también lo es el Conacine. En mi calidad de ex-Presidente del Conacine, deploro esta medida centralista, concentradora y autodestructiva, con la cual el Estado nos regala su autorretrato de ogro filantrópico, figura metafórica ideada por Octavio Paz para representar la arbitrariedad del poder, aun cuando quiere hacer el bien.
Javier Protzel
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