El post Cine peruano: asunto de fondo dio que hablar. Nos alegra, porque hay temas sobre los que no sólo debemos lamentarnos, más aún cuando hay formas de actuar que no se han intentado todavía.
Ahora se abren varias interrogantes. ¿Quién o quiénes deben intentar la acción? ¿ante qué autoridad? ¿con qué posibilidades de éxito?, entre otras.
Las respuestas sólo se van a hallar en el camino, pero formulamos aquí algunas propuestas que son, a su vez, también interrogantes.
Todo debería empezar con una cita y una conversación con la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino. Exponerle el problema a una funcionaria como ella, que es una profesional seria, y a sus asesores, puede abrir la puerta de acceso a opciones que no conocemos.
¿Quién debería pedir la cita?
Tratándose de gestionar el cumplimiento de una ley, podría ser cualquier ciudadano, pero aquí adelantamos una idea que puede ser discutible pero no desencaminada.
La cita debería ser gestionada y tratada por la Directiva de Conacine.
La razón es simple. Los directivos de Conacine son los responsables de que se cumpla la ley, se hagan los concursos, entre otros mandatos. Al ser responsables de ello, son también interesados en la marcha del sistema del cine peruano en su conjunto, afectado por el incumplimiento de la ley.
Pero hay algo más. Los directivos de Conacine no son empleados del Estado. Son representantes gremiales (con excepción del Presidente, nombrado por el ministro, y algún otro) o empresariales. Es decir, no tienen vínculo laboral con el Estado y si perciben una dieta por sesión, ella no les crea dependencia alguna.
La ley de cine quiso que Conacine no fuera una dependencia bajo el mandato directo del Poder Ejecutivo y le dio autonomía de dirección. Pues bien, al ser los directivos de Conacine responsables e interesados en la marcha eficiente de la ley, no existe impedimento alguno para que adopten un acuerdo formal que les permita iniciar las gestiones ante la Defensoría del Pueblo que lleven a encontrar los canales adecuados para lograr el cumplimiento de la ley.
Que quede claro que no estamos diciendo que Conacine será titular de la acción que se entable más adelante. No necesariamente. Lo que decimos es que, en la fase actual, la directiva de Conacine debe asumir el liderazgo en las averiguaciones que precedan a la Acción de Cumplimiento. Y en su papel de entidad representativa del cine peruano, explicar a la comunidad cinematográfica de las posibilidades y acciones que deben seguirse para que el sistema funcione. Esa comunidad determinará entonces a quién le otorga su confianza para seguir adelante con la Acción.
No se trata de “denunciar” al Estado como se ha dicho. Se trata de demandar, es decir de pedir, que se cumpla lo que debió ejecutarse hace mucho tiempo. Tampoco debe pensarse que es una acción que el Poder Judicial resuelve y ya. La de cumplimiento es una acción que debe entablarse cada vez que se produzca un incumplimiento, es decir, cada año, si ello ocurre. Por eso, es preciso tener las cosas claras, desde el punto de vista jurídico, desde el primer momento.
Y no se trata sólo de pedir el cumplimiento de la ley de cine por la vía judicial. Hay que estudiar también la petición, por esta misma vía, de los pagos oportunos a Ibermedia. No olvidemos que la participación del Perú en Ibermedia es producto de un Tratado Internacional que tiene el rango y la jerarquía de una ley.
Las protestas mediáticas son importantes pero se agotan rápido. El acercamiento técnico a este problema debe ocupar los próximos meses. Cuando se obtenga una resolución favorable, que venga todo el júbilo mediático que sea posible.
Ahora se abren varias interrogantes. ¿Quién o quiénes deben intentar la acción? ¿ante qué autoridad? ¿con qué posibilidades de éxito?, entre otras.
Las respuestas sólo se van a hallar en el camino, pero formulamos aquí algunas propuestas que son, a su vez, también interrogantes.
Todo debería empezar con una cita y una conversación con la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino. Exponerle el problema a una funcionaria como ella, que es una profesional seria, y a sus asesores, puede abrir la puerta de acceso a opciones que no conocemos.
¿Quién debería pedir la cita?
Tratándose de gestionar el cumplimiento de una ley, podría ser cualquier ciudadano, pero aquí adelantamos una idea que puede ser discutible pero no desencaminada.
La cita debería ser gestionada y tratada por la Directiva de Conacine.
La razón es simple. Los directivos de Conacine son los responsables de que se cumpla la ley, se hagan los concursos, entre otros mandatos. Al ser responsables de ello, son también interesados en la marcha del sistema del cine peruano en su conjunto, afectado por el incumplimiento de la ley.
Pero hay algo más. Los directivos de Conacine no son empleados del Estado. Son representantes gremiales (con excepción del Presidente, nombrado por el ministro, y algún otro) o empresariales. Es decir, no tienen vínculo laboral con el Estado y si perciben una dieta por sesión, ella no les crea dependencia alguna.
La ley de cine quiso que Conacine no fuera una dependencia bajo el mandato directo del Poder Ejecutivo y le dio autonomía de dirección. Pues bien, al ser los directivos de Conacine responsables e interesados en la marcha eficiente de la ley, no existe impedimento alguno para que adopten un acuerdo formal que les permita iniciar las gestiones ante la Defensoría del Pueblo que lleven a encontrar los canales adecuados para lograr el cumplimiento de la ley.
Que quede claro que no estamos diciendo que Conacine será titular de la acción que se entable más adelante. No necesariamente. Lo que decimos es que, en la fase actual, la directiva de Conacine debe asumir el liderazgo en las averiguaciones que precedan a la Acción de Cumplimiento. Y en su papel de entidad representativa del cine peruano, explicar a la comunidad cinematográfica de las posibilidades y acciones que deben seguirse para que el sistema funcione. Esa comunidad determinará entonces a quién le otorga su confianza para seguir adelante con la Acción.
No se trata de “denunciar” al Estado como se ha dicho. Se trata de demandar, es decir de pedir, que se cumpla lo que debió ejecutarse hace mucho tiempo. Tampoco debe pensarse que es una acción que el Poder Judicial resuelve y ya. La de cumplimiento es una acción que debe entablarse cada vez que se produzca un incumplimiento, es decir, cada año, si ello ocurre. Por eso, es preciso tener las cosas claras, desde el punto de vista jurídico, desde el primer momento.
Y no se trata sólo de pedir el cumplimiento de la ley de cine por la vía judicial. Hay que estudiar también la petición, por esta misma vía, de los pagos oportunos a Ibermedia. No olvidemos que la participación del Perú en Ibermedia es producto de un Tratado Internacional que tiene el rango y la jerarquía de una ley.
Las protestas mediáticas son importantes pero se agotan rápido. El acercamiento técnico a este problema debe ocupar los próximos meses. Cuando se obtenga una resolución favorable, que venga todo el júbilo mediático que sea posible.
Páginas del diario de Satán
2 comentarios:
¿Se está haciendo algo? ¿Qué dicen los cineastas? Las asociaciones de directores o productores deberían tener un blog para informar sobre lo que piensan y hacen.
No lo haran porque Conacine no va a querer tener un lio con el Ministro y ademas ahi hay un funcionario de Indecopi que es abogado y que tratara de bloquear el acuerdo porque no le conviene una rencilla con el gobierno.
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