Juan José Beteta se reivindica con su texto sobre el cine peruano y CONACINE de lo que escribió hace poco sobre Bastardos sin gloria. En verdad se trata de un artículo que plantea seriamente algunos problemas de fondo y con el que se puede estar en algunos casos de acuerdo y en otros en desacuerdo. Es decir, es un artículo que promueve el debate y lo hace bien, porque en otros casos, como lo hemos expresado, ni siquiera hay lugar para el debate, sólo para la corrección de errores e imprecisiones o para el señalamiento de cargos o acusaciones sin fundamento o sobre bases muy débiles. En tal sentido, no estoy de acuerdo con que las críticas al texto de Claudio Cordero apuntaran a asuntos secundarios. No ha sido así. Más aún, yo expresé que mi valoración del cine peruano durante 2009 no era mucho mejor que la que se desprendía de ese texto, pero que la fundamentación incurría en serios equívocos. Eso no es secundario.
La tesis, o la hipótesis de trabajo, que sostiene Beteta sobre la necesidad de que se constituya una industria para que se puedan hacer mejores películas es, ciertamente, muy discutible. Pero más que la necesidad, el asunto es de viabilidad, de posibilidad. ¿Es posible concebir una industria en un mercado tan reducido como el local? Tiendo a creer que es factible una pequeña producción anual que difícilmente supere los 12 o 15 largometrajes exhibidos en salas comerciales (uno al mes, por lo menos), más otros que no alcancen esas pantallas. Plantear una producción mayor en un mercado estrecho y además copado por las distribuidoras extranjeras, no me parece realista, como tampoco me parece realista proponer que el Estado financie de golpe 40 películas a fondo perdido. No creo que el cine peruano tenga que recibir el impulso de un estado benefactor ni me parece que esa sea la forma de sacar adelante o promover una política de producción. ¿Qué películas se verían favorecidas y quiénes decidirían y a partir de qué criterios? ¿Habría que hacer para ello un Gran Jurado? ¿Qué garantías existen de que esas supuestas 40 películas, que podrían fracasar todas en la taquilla arrastren una producción estable?
No creo en el Estado como la instancia rectora de una cinematografía ni que CONACINE, o alguien similar, se constituya como un poder decisivo. La diversidad de canales que permitan promover o estimular la producción es indispensable, sin que esto signifique restarle importancia al rol promotor que el Estado pueda tener, pero rol promotor dentro de ciertos límites. De allí los riesgos de las políticas cinematográficas que deben existir, pero con claras restricciones. La creación cinematográfica requiere de la mayor autonomía posible y el Estado, en todo caso, debe contribuir de la mejor forma posible para crear esas condiciones y no para administrar ni regir la dinámica de la producción cinematográfica.
Isaac León Frías
La tesis, o la hipótesis de trabajo, que sostiene Beteta sobre la necesidad de que se constituya una industria para que se puedan hacer mejores películas es, ciertamente, muy discutible. Pero más que la necesidad, el asunto es de viabilidad, de posibilidad. ¿Es posible concebir una industria en un mercado tan reducido como el local? Tiendo a creer que es factible una pequeña producción anual que difícilmente supere los 12 o 15 largometrajes exhibidos en salas comerciales (uno al mes, por lo menos), más otros que no alcancen esas pantallas. Plantear una producción mayor en un mercado estrecho y además copado por las distribuidoras extranjeras, no me parece realista, como tampoco me parece realista proponer que el Estado financie de golpe 40 películas a fondo perdido. No creo que el cine peruano tenga que recibir el impulso de un estado benefactor ni me parece que esa sea la forma de sacar adelante o promover una política de producción. ¿Qué películas se verían favorecidas y quiénes decidirían y a partir de qué criterios? ¿Habría que hacer para ello un Gran Jurado? ¿Qué garantías existen de que esas supuestas 40 películas, que podrían fracasar todas en la taquilla arrastren una producción estable?
No creo en el Estado como la instancia rectora de una cinematografía ni que CONACINE, o alguien similar, se constituya como un poder decisivo. La diversidad de canales que permitan promover o estimular la producción es indispensable, sin que esto signifique restarle importancia al rol promotor que el Estado pueda tener, pero rol promotor dentro de ciertos límites. De allí los riesgos de las políticas cinematográficas que deben existir, pero con claras restricciones. La creación cinematográfica requiere de la mayor autonomía posible y el Estado, en todo caso, debe contribuir de la mejor forma posible para crear esas condiciones y no para administrar ni regir la dinámica de la producción cinematográfica.
Isaac León Frías
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