Si no fuera preocupante, sería de risa loca. Resulta que ahora la ley de masificación tal como la aprobó el Congreso "desincentivaría la rentabilidad de los inversionistas". Es decir, de exhibidores y distribuidores. Sin duda, el MEF es más papista que el Papa.
¿Cuándo tendremos en el Perú un Estado que diseñe una política cultural autónoma, que no le pida permiso a nadie para estimular a una industria cultural, ni vele por los bolsillos de las multinacionales?
Aquí están resumidas, según la nota de prensa del Poder Ejecutivo, las 7 observaciones a la malhadada Ley de Masificación y Fomento del Cine.
Observen algunas cosas sustanciales: el Ejecutivo se opone a la derogación del impuesto municipal, a la creación del Fondo Procine y al aporte del 20% de recursos a las empresas ubicadas fuera de Lima y Callao, sin pedirles resultados de calidad y ventas.
Estas observaciones derrumban todo lo actuado hasta hoy. Ojalá me equivoque. (Ricardo Bedoya)
Aquí está la nota de prensa:
EJECUTIVO ENVÍA AL CONGRESO SIETE OBSERVACIONES A LA LEY DE MASIFICACIÓN Y FOMENTO DEL CINE
Obligaciones exigidas a distribuidores y exhibidores desincentivarían la actividad y elevarían precios de entradas, sostiene el documento.Considera que reducción del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos perjudicaría ingresos de municipios.Además, creación de Fondo Procine y Fondo Antipiratería duplican funciones de Conacine e Indecopi, señala.
El presidente de la República, Alan García Pérez, envió hoy al Congreso siete observaciones a la autógrafa de la “Ley de masificación del cine y fomento de la producción cinematográfica nacional”.
El oficio, dirigido al presidente del Congreso, César Zumaeta, está firmado por el jefe del Estado y el titular del gabinete, José Antonio Chang Escobedo.
Las observaciones
La primera de las observaciones se refiere a las obligaciones que la autógrafa establece a los distribuidores y exhibidores cinematográficos. En consideración del Ejecutivo, estas obligaciones restringirían y/o desincentivarían la expansión de la distribución y la exhibición de las cintas y podrían elevar los precios de las entradas a las funciones de cine.
El oficio precisa que exigir a los distribuidores y exhibidores presentaciones gratuitas, distribuir por lo menos dos filmes nacionales al año, asesorar comercialmente a los proyectos nacionales y destinar el 3.33% del valor de las entradas al “Fondo Procine” incidirá negativamente en la rentabilidad de los inversionistas.
Además, considera que si estos costos se trasladan a los consumidores a través de las entradas, los más afectados serán los pobladores de las zonas donde hay menos salas de cine y el efecto de la norma será contrario a su finalidad.
El Ejecutivo también expresa su desacuerdo con la reducción (10% a 0%) del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos que se aplica a los espectáculos cinematográficos porque afectaría los ingresos de los municipios y el cumplimiento de sus compromisos presupuestales.
De igual forma, observa la eliminación que plantea al apoyo económico que se otorga a los premios de cortometraje en cada concurso nacional y que asciende a 16 UIT para cada obra premiada.
Duplicidad de funciones
Otra observación a la autógrafa es que la creación del Fondo Procine duplica las funciones asignadas al Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine), como fomentar la creación y producción de obras nacionales a través de concursos, e impulsar la promoción y difusión nacional e internacional del cine nacional.
Además, la creación de un Fondo Antipiratería que controle y concientice a la población contra la piratería audiovisual duplica las funciones que desarrolla el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
En el mismo ámbito de la creación de Procine y del Fondo Antipiratería, el Ejecutivo también observa que la legislación prohíbe la creación de fondos con y sin personería jurídica para evitar un desorden financiero y presupuestal.
Por otro lado, se considera que otorgar 20% de los recursos del Fondo Procine a las empresas ubicadas fuera de Lima y Callao, sin exigirles estándares mínimos de calidad o niveles mínimos de venta, no es adecuado para descentralizar estas actividades y generaría oportunismo en esta actividad.
Respecto a la creación de la Cinemateca Peruana, dentro del Ministerio de Educación, señala que el Conacine, del cual dependería la referida cinemateca, actualmente forma parte del Ministerio de Cultura.
2 comentarios:
Tal como se están dando las cosas, lo mejor sería esperar el cambio de gobierno, y mientras tanto defender la Ley vigente. El alanismo carece de seriedad y credibilidad para discutir políticas culturales.
El asunto es que no depende de los cineastas, sino de las autoridades. Creo que todos se van a preocupar por sus campañas en las elecciones y nadie por la Ley de Cine (a menos que el lobby traiga su buena aceitada y se quiera hacer por lo bajo, como ya ha pasado). Por inercia, acabaremos en manos del siguiente gobierno...
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